El exconcejal de Urbanismo, Salvador Fernández Moreda, que firmó el convenio con los propietarios de terrenos cedidos para el paseo marítimo y les concedió edificabilidad para construir una urbanización en el Agra de San Amaro, negó ayer que el también exedil Carlos González-Garcés se beneficiara a sabiendas de la recalificación de los solares, al formar parte del Gobierno municipal. El Concello calificó de urbano en el plan general de 1998 el solar que el socialista poseía en la zona, y que hasta entonces estaba destinado a zona verde, y dos años después lo vendió a Fadesa por 1,4 millones, con una revalorización de un 3.600%. El que fuera presidente de la Diputación coruñesa argumenta que el socialista es uno de lo muchos ciudadanos que están afectados por este tipo de operaciones urbanísticas: "Se ha visto beneficiado como miles de coruñeses a los que se les recalifican terrenos. La ciudad crece y en los terrenos rústicos se deja construir".

Pero Moreda añade una razón más para defender la buena fe de Garcés. Alega que desconocía que, por herencia, poseía esos terrenos hasta después de que se calificaran como urbanos en el plan general de 1998 y que aún tuvo que recurrir a la justicia para demostrar su propiedad. "Cuando se firmó el convenio no estaba la familia Santiso, pero con el avance del proceso reclamaron el solar como suyo", explicó el concejal socialista que insiste en su ignorancia y en que fue un testamento el que le otorgó la finca en cuestión: "No estaba en el acuerdo y no sabía que afectaba a sus propiedades".

El exresponsable de Urbanismo también busca justificaciones a su propia actuación al frente del departamento municipal en relación con el Agra de San Amaro. Relata cómo en el año 1993 se firmó un convenio con los propietarios de los solares para la construcción del paseo marítimo y "como contrapartida", explica, se les dio aprovechamientos urbanísticos. El polígono, que incluye seis edificios de siete alturas, se incluyó en el plan general de 1998. "Siendo yo concejal se inició la revisión del plan y ese convenio se incluye aunque se le atribuye menos edificabilidad", añade, aunque no aclara por qué la finca de Garcés, que no fue ocupada por el paseo marítimo, sí que fue incluida en la urbanización, como las de los propietarios que sí cedieron sus propiedades para construirlo.

Según la versión de Moreda, al aprobarse el documento urbanístico, "unos propietarios aceptaron y otros recurrieron al juzgado". Los que acudieron a los tribunales fueron 32 ciudadanos que no se beneficiaron de la recalificación, como la familia del ahora presidente de la Coral El Eco y sí de una expropiación a 11,36 euros el metro cuadrado, una cantidad que el Jurado Provincial de Expropiación aumentó hasta los 19,60 euros. En el juicio los demandantes denunciaron trato discriminatorio por la diferencia de trato que realizó el Concello y aún hace unas semanas que se resolvió uno de los recursos del Tribunal Supremo, que desestima la petición de uno de los dueños.

Después de ser recalificada por el plan general, la familia de Garcés vendió la finca -con una superficie de 3.488 metros cuadrados y ubicada entre las pistas deportivas de la Torre y el campo de golf municipal- a la constructora Fadesa en el año 2000 aunque aún queda un pago sin cobrar a día de hoy. Con esta operación, el exedil evitó el conflicto que ahora plantean las promotoras que poseen el suelo con el Ayuntamiento, que les denegó las licencias para construir este mismo año, tras un informe de la Xunta que prohibía la urbanización por no proteger al faro romano, que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en junio de 2009.

Cuestionado por esta paralización y por las advertencias que ya en 2005 pesaban sobre el polígono por parte del Gobierno gallego, Moreda recordó que cuando se avisó al Concello él ya no formaba parte del Gobierno local y añadió: "El plan general del 98 contó con todos los informes favorables de las instituciones, entre ellos el de Patrimonio".

El exresponsable de Urbanismo cree que las informaciones que vinculan a Garcés con una operación urbanística interesada pretenden "hacer daño" y son "una manipulación" y "una infamia". Aunque el actual concejal del PSOE en el Concello está de acuerdo con que la prensa denuncie "abusos de poder" pide que se investiguen los intereses que puede haber detrás de las noticias porque "pueden destruir reputaciones". Por su parte, Garcés asegura que no participó en la recalificación de su propio terreno porque se ausentó tanto en la Junta de Gobierno Local como en el pleno que aprobaron asuntos sobre la urbanización.