Unos dos meses cerrará la Torre de Hércules a principios del año que viene para trabajos de remodelación. En ese tiempo, según informó el Gobierno local, se aprovechará para sacar a concurso la concesión del mantenimiento de la Torre, que se terminó en junio de 2010 y no se renovó. El BNG se reunió ayer con trabajadores del faro, que no percibieron el salario de noviembre ni la paga extra. Según les explicaron los operarios, la empresa adjudicataria del servicio alegó que las nóminas se atrasaban porque el Concello les adeuda facturas desde junio.

Las obras, que se iniciarán probablemente tras las vacaciones navideñas, incluirán trabajos de "impermeabilización y mejora de la zona arqueológica". La edil de Turismo, Luisa Cid, señaló que los técnicos recomendaron cerrar a los trabajadores y visitantes el faro durante su desarrollo para "no poner en riesgo" su integridad. La mejor opción, sostienen, es realizar estos trabajos en temporada baja con el fin de que el faro esté en condiciones óptimas en la temporada estival.

El alcalde insistió en que es una decisión refrendada por la Comisión de Seguimiento de la Torre para poner a punto el monumento patrimonio de la humanidad. Desvincula que esta determinación se deba a la necesidad de regularizar el contrato con la concesionaria, aunque explica que sí aprovecharán este tiempo de obras "para hacer lo que otros no hicieron: regularizar la situación y sacar a concurso la prestación del servicio".

El alcalde coruñés, Carlos Negreira, resaltó, en primer lugar, que esta semana se habían realizado las transferencias pertinentes y que todos los problemas de pagos se debe a una "chapuza jurídica" de sus predecesores. La relató ya en este periódico la edil de Turismo, Luisa Cid, que explicó que la concesión de dos años más dos de prórroga se había agotado en junio de 2010. Desde entonces, señalaron, se estaba pagando factura mensual por factura mensual a la empresa, sin ningún tipo de contrato que lo regularizase. En total, estiman, 312.000 euros al año en facturas sin contrato.

En la versión nacionalista de la historia, la concejal Ermitas Valencia sostiene que las explicaciones dadas por el Ejecutivo local "aludiendo a un concurso desierto" no pueden ser "una excusa". "Cuando los concursos se declaraban desiertos, se mantenía en vigor el acuerdo con la misma empresa que prestaba el servicio y el Gobierno local tiene el deber de pagarle", señaló la edil, que visitó con su compañero de filas Xan Cajigal a los operarios del faro.

El BNG añade que no se trata de una cuestión de dinero porque la cantidad está presupuestada, sino que es consecuencia de "la ineficaz gestión del Gobierno municipal, que deja en el cajón numerosas facturas". Denuncian que la situación se repite en bibliotecas e instalaciones deportivas.

Ante las acusaciones de la oposición de mala gestión en este asunto, Carlos Negreira considera que pagar sin contrato "más de 300.000 euros anuales, no es la mejor gestión". Sobre todo, añadió, teniendo en cuenta que el máximo legal para poder pagar servicios sin concesión es de 18.000 euros anuales. En todo caso, el Ejecutivo municipal insiste en que es la empresa la que tiene "la obligación de pagar a sus trabajadores".