Los socialistas coruñeses creen que la comisión municipal que investigará la actuación urbanística en Someso "no ofrece garantías de ningún tipo". Por eso, recurren a una vieja táctica aprendida de Francisco Vázquez: la autoinculpación ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El grupo municipal del PSOE prefiere que sea la Justicia "la que vele por la verdad", al tiempo que acusa al Gobierno popular de usar como "cortina de humo" el asunto para tapar la implantación del "copago" en la ayuda a domicilio. El portavoz municipal, Julio Flores, calificó la acción socialista de "numerito circense".
"La mejor demostración de la defensa y confianza que tenemos en la actuación de los Gobiernos municipales en los asuntos de Someso", señaló la concejal del PSOE Mar Barcón, "es que sea la Justicia la que examine y hable sobre cómo han sido".
Delante del Tribunal Superior de Xustiza en la plaza de Galicia-justo cuando por azar pasaba el Fiscal Jefe por detrás de la comitiva socialista- Barcón explicó que "otro socialista", el exalcalde Francisco Vázquez, había echado mano de esta opción legal. Recordaron que lo hizo en el caso de la compra de su casa -cuyo metro cuadrado adquirió a un precio inferior al del mercado inmobiliario en la zona-, a lo que se añade una autoinculpación en el año 1990. Pidió entonces al fiscal que incoase las diligencias necesarias para que quedase fuera de duda que las reclasificaciones en Matogrande y Paseo de los Puentes no tenían nada que ver con los terrenos que poseía en una sociedad con su mujer en ambos polígonos.
"No tenemos nada que esconder", explicó Barcón, acompañada por los concejales coruñeses José Nogueira, Silvia Longueira y Jesús Fernández. Repitieron argumentos del pleno del lunes. Para ellos, esta es una denuncia que piensa "en el futuro", puesto que sospechan que el alcalde Negreira no tiene la intención de "seguir defendiendo los intereses de los coruñeses" en los futuros procesos contra particulares por la reclasificación de los terrenos del recinto ferial, expropiados para un campo de fútbol que nunca llegó a levantarse. Interpretan que el fallo firme del Superior -del que se deriva la indemnización de más de 8 millones de euros- se debe a que "faltaba documentación" y aún sostienen, a pesar de que la sentencia lo rechaza, que se hizo una compraventa y no una expropiación.
El portavoz municipal, Julio Flores, descalificó la acción del PSOE como "numerito circense" en vez de "dar explicaciones por su implicación en la mayor indemnización que este ayuntamiento tiene que pagar en toda la historia de la ciudad por una sentencia urbanística". Flores acusa a Barcón de ser "corresponsable" de la actuación y de mutar"en aprendiz de jueza".
