El Concello pide al juzgado que decrete el desalojo por la vía de urgencia del edificio de A Moura okupado por un grupo de chabolistas de Penamoa desde la semana pasada. En la mañana de hoy, el primer teniente de alcalde, Julio Flores, y el concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, presentarán en los tribunales un informe "exhaustivo" en el que informarán al juez de los antecedentes y las características "peculiares" de la situación. Además, el alcalde, Carlos Negreira, anunció ayer que mantuvo contactos telefónicos y por escrito con el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, reclamando que se impida la entrada al edificio de más personas. "La petición es clara y rotunda, no vamos a consentir un Penamoa dos", explicó el regidor, que también exigió al representante estatal que haya "garantía" de paz social en el inmueble ubicado en la avenida de Finisterre y en su entorno.

La Subdelegación del Gobierno, que dirige Jorge Atán, admitió ayer que está a la espera de que el juez tome una decisión, tras la denuncia de los propietarios de los pisos, aunque prometió incrementar la presencia policial en la zona para que exista una "convivencia pacífica" y prevenir así la comisión de delitos. "La actuación policial queda a expensas de lo que dictaminen las resoluciones judiciales", explicaron ayer fuentes del 091. El Concello, por su parte, ofreció la colaboración de la Policía Local, a través de su Unidad de Chabolismo para cualquier actuación que se lleve a cabo en el edificio.

El alcalde evitó precisar ayer el número de personas que habitan actualmente en el inmueble y su origen y solo declaró que se trataba de una "okupación ilegal" de ciudadanos "vinculados a Penamoa". En el edificio, algunos de los inquilinos reconocieron que todavía viven en el poblado y, por tanto, serán desalojados de sus chabolas este mismo mes, aunque otros sí que admitían haber abandonado la zona hacía meses, por lo que es probable que estén adheridos al plan de realojo del Gobierno local. Negreira se limitó ayer a pedir el "cese" de la convivencia en los pisos vacíos para devolver la "tranquilidad" a los vecinos de la zona y también a los compradores de las viviendas, que aún no las habían habitado por la falta de trámites administrativos relacionados con el Registro de la Propiedad. Fueron estos los que presentaron la denuncia, junto con la entidad Caja España, por un supuesto delito penal de usurpación de bienes inmuebles, que ahora tramita el juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña.

El concejal del PSOE José Nogueira acusó ayer al Gobierno local de "dejar entrar gratis" en los pisos a los chabolistas y denunció que la falta de inversión para el realojo de los habitantes de Penamoa ha propiciado esta situación. Según el socialista, el plan puesto en marcha por el anterior Ejecutivo municipal funcionó porque, dice, "acabó con varios poblados", pero ahora falla el "seguimiento" de las personas que se acogieron al programa. "Les dejó entrar -por el alcalde- y ahora a ver cómo se soluciona el problema", criticó Nogueira, que defendió a los ciudadanos "honrados" que pagan esas viviendas mientras las "disfrutan", apostilló, otras personas. "El PP no pone ni un euro para el chabolismo, lo ponen los vecinos", añadió.

La presidenta de la asociación de vecinos de O Ventorrillo, Rosa Barreiro, espera que el Concello cumpla su promesa de remitir a los juzgados un informe que posibilite que el juez decrete el desalojo del edificio tomado por los okupas en la avenida de Finisterre por vía de urgencia y advierte de que, de no haber una actuación rápida y contundente, el bloque situado en el lugar de A Moura se convertirá en un nuevo punto de venta de droga, por haber entre los okupas algunos residentes del poblado chabolista de Penamoa.

Barreiro, que encabezó la delegación de residentes de A Silva que mantuvo ayer la reunión con el primer teniente de alcalde y con el subdelegado del Gobierno, quiso dejar clara la situación de alarma que se ha desencadenado en todo el barrio a causa de la llegada de los okupas. "Viven una situación de alarma por lo que ocurrió en Penamoa", manifestó la dirigente vecinal, que también reclama un incremento de la presencia policial en la zona para que, mientras no llegue la orden de desalojo, se impida al menos la entrada de nuevos okupas.

La presidenta de los vecinos de O Ventorrillo también habló durante la reunión acerca de la situación de los propietarios, que, según explica, han llegado a recibir amenazas. Barreiro explica que los okupas les dijeron a los dueños de los pisos que los agredirían si acudían al edificio.

Para tratar de agilizar los trámites pertinentes para la orden de desalojo, los residentes de O Ventorrillo presentarán en el juzgado una segunda denuncia, que se sumará a la que ellos mismos habían presentado previamente y a la que formularon los propietarios de los inmuebles.