Más de una década después de que echara el cierre, la Fábrica de Tabacos volverá a abrir sus puertas para acoger a los obreros que trabajarán en su rehabilitación. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, anunció ayer que los trabajos comenzarán a principios del año que viene y estarán listos en un plazo aproximado de dos años, para que en 2015 pueda estrenarse como sede judicial. Estos plazos suponen un adelanto con respecto a la previsión inicial porque el equipo redactor del proyecto lo entregará a la Xunta en julio, pese a que la fecha máxima era septiembre.

Rueda visitó ayer el Palacio Municipal de María Pita y mantuvo una reunión con el alcalde, Carlos Negreira, y con varios representantes de la judicatura coruñesa. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, y los presidentes de los Colegios de Abogados y Procuradores, Antonio Platas y Javier Carlos Sánchez, aportaron sus ideas al futuro proyecto con el fin, dijo el conselleiro, de adaptar el edificio a su "uso específico". Al margen del uso de los juzgados, nada se sabe de los 3.000 metros cuadrados de los que podrá disponer el Concello en la antigua Tabacalera. El alcalde reconoció que todavía no se ha decidido qué uso se dará al 25% del inmueble: "Veremos las necesidades que hay y el mejor modo de hacer del espacio un uso conjunto".

Las obras tendrán un coste de alrededor de 20 millones de euros y Negreira destacó el mantenimiento del estado original de la fachada y del reloj ubicado en la parte alta de la misma. "El proyecto respeta la identidad del edificio, suprimiendo los elementos anacrónicos", expuso el alcalde, que considera que la cercanía de su reapertura supone otras ventajas para A Coruña. "Afianzará a la ciudad como capital judicial de Galicia (por el traslado del TSXG) e impulsará la actividad económica de la zona de Cuatro Caminos", apostilló.

El regidor agradeció al conselleiro la inversión en la rehabilitación del edificio en la "difícil" situación económica que vive la comunidad y recordó que desde que se firmó el convenio con el ya desaparecido Ministerio de Vivienda, en 2006, "no fue posible" el inicio de las obras. Desde que cesara su actividad y cerrara sus puertas en 2001, el inmueble histórico ha sufrido los efectos del abandono y los desperfectos son visibles desde el exterior.

Los tres grupos de la oposición criticaron ayer el acuerdo firmado entre Concello y Xunta para las obras en el edificio de la plaza de A Palloza, que supone la cesión a la administración autonómica del inmueble para uso judicial. El PSOE acusó a Negreira de "regalar patrimonio de los coruñeses" y lo tachó de "dócil" ante el Gobierno gallego. Los socialistas advierten de que la Xunta podrá hacer "lo que quiera" con el edificio cuando pasen los 30 años de la donación. El BNG pidió que, en vez de "indefinida", se realice una cesión "temporal y condicionada a un uso concreto" que es, dice, la "fórmula más habitual" en este tipo de operaciones con patrimonio público. EU-Os Verdes cree que esta enajenación es una "descapitalización" para la ciudad.

Fuentes municipales aseguran que el protocolo establece el judicial como único uso y añaden que el cambio del mismo obligaría al "consentimiento" del Concello.