El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña estimó el recurso presentado por el concejal nacionalista Xan Martínez Caxigal contra el Ayuntamiento por negarse a facilitarle un expediente sobre las subvenciones al transporte urbano. El edil recurrió ante la Justicia la decisión del Concello el pasado 24 de abril porque entendió que vulneraba su derecho de acceso a la información.

El Gobierno local, por su parte, alegó que denegó el documento a Caxigal porque contenía datos de una empresa privada. El juez subraya en la sentencia que el Ayuntamiento no especificó qué datos de la compañía pueden ser "tan relevantes" para que se proceda "a la denegación del derecho del concejal afectado en su función de control". El fallo judicial argumenta que la información de la empresa ya figura en el registro mercantil, por lo que es pública.

"La compañía no se contrata o vincula con un particular, sino con una administración, por lo que su actuar puede estar fiscalizado por los miembros de la corporación a la que afecta su acto", subraya el magistrado en el escrito, en el que destaca que el derecho a la información, derivado de la Constitución, incluye que los concejales tengan "acceso a la documentación y datos de que disponga la Corporación a la que pertenecen", lo que supone "una facultad de consultar libremente dicha documentación, de forma que su actividad en el Ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa".

El fallo judicial señala que el Concello olvidó "el derecho fundamental de quienes desempeñan esos cargos públicos" y sostiene que los argumentos de la administración para oponerse a la pretensión de Caxigal son "confusos e imprecisos".

El portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, se mostró ayer satisfecho con la decisión del juez de aceptar el recurso interpuesto por el edil nacionalista y obligar al Ayuntamiento a facilitarle el expediente requerido. "Queríamos saber qué estimación hiciera el Gobierno municipal para hacer el cálculo de la subvención solicitada, a cuánto ascendía y qué criterios se tuvieron en cuenta", señaló ayer Carril, quien denunció que "en más ocasiones" el Ejecutivo municipal denegó al BNG información.

El nacionalista destacó que, a pesar de que la sentencia puede ser recurrida, el juez de primera instancia les dio "la razón". Carril también destacó que lo "más importante" es que el representante del Ministerio público también entiende que la administración local vulneró "los derechos fundamentales" del concejal.

El portavoz del Gobierno municipal, Julio Flores, anunció ayer que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia emitida por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña. "El expediente incluía datos que están dentro de la Ley de Protección de Datos. Seguimos los dictados de los técnicos municipales. Recurriremos la sentencia y, si nos obligan a enseñarlo, lo haremos", aseguró, al tiempo que indicó que la intención del Gobierno local no era "entorpecer la labor de la oposición".