La Xunta obliga a cambiar el plan general en el entorno de la refinería. Para poder aprobarse de forma definitiva el documento, el Concello tiene que ampliar la zona de afección de la petroquímica y, por tanto, restringir las áreas residenciales en el entorno. El Gobierno local decidió aprobar el plan general en contra de un informe desfavorable que advertía de que el planeamiento propuesto contradecía el Plan de Emergencia Exterior A Grela-Bens, aprobado por la Xunta en 2011, que afecta directamente a 20 polígonos residenciales futuros, el 63% del suelo urbanizable. Es una de las modificaciones fundamentales demandadas por la Consellería de Medio Ambiente, según explica el redactor del plan, Joan Busquets, que adelanta de que los cambios exigidos no son "sustanciales" y respetan los proyectos claves.

El plan de emergencia autonómico establece dos zonas concéntricas en torno a la refinería que limitan la construcción: una "zona de intervención", la más cercana y con más riesgo, y una "zona de alerta", de entre 2,3 y 3 kilómetros. Cuando llevó a pleno la aprobación inicial del documento, en agosto, el Ayuntamiento tenía en sus manos un dictamen desfavorable de una empresa externa que ellos mismos contrataron, fechado una semana antes de la sesión plenaria, tal y como reveló este periódico.

"Lo que se llama zona de intervención (la más próxima) se ha hecho mayor pero sin tocar el plan", relata Busquets, "en este momento el nivel mayor cubre zonas que en principio estaban previstas que pudieran ser residenciales". En el caso del perímetro más alejado, matiza, se mantienen los usos. Esto permitiría, según la intención municipal, que se puedan levantar viviendas, siempre y cuando lo avale el "estudio detallado" de un Análisis Cuantitativo de Riesgos obligatorio o que en un futuro la refinería "cambia de uso o tiene menos riesgo".

En vista del dictamen externo de la empresa de ingeniería contratada por el Concello, los técnicos municipales emitieron una advertencia incluida en uno de sus informes del plan general. Alertaban de que, o se cumplía ese dictamen externo, o esos 20 desarrollos urbanísticos, deberían quedar aplazados hasta un análisis de la situación. Esto cuestionaba una parte esencial del PGOM, con grandes actuaciones como las dos de O Portiño y la de Penamoa, las más próximas, donde el plan de emergencia de 2011 descarta la construcción de viviendas.

Además, los técnicos cuestionan otros 17 sectores, que quedarían restringidos. Por ejemplo, rechazan el uso residencial en Vío, así como el comercial en el SUD-5 de As Rañas -donde los empresarios José Collazo, Ángel Jove y Manuel Soto promueven la Ciudad de la Tecnología-, en un área cercana a Marineda (Monte Fieiteira) o el cuartel de A Grela. El informe destaca además que no se podrán construir viviendas en A Silva y en un área de planeamiento de Severo Ochoa. También se informa de que no se puede permitir la construcción en el Museo de Automoción e Historia en Bens al estar "afectado por los alcances máximos de los accidentes" graves de Repsol.

A pesar de las observaciones negativas, el plan general en su aprobación provisional aumenta la edificabilidad en los terrenos ubicados en el antiguo poblado chabolista de Penamoa, permite a los promotores de la Ciudad de la Tecnología aumentar la construcción de edificios empresariales y en O Portiño, donde se mantiene la edificabilidad, podrían hacer más bloques de viviendas y menos casas unifamiliaries.

La empresa de ingeniería -que emitió su informe el 30 de julio, menos de una semana antes del pleno de la aprobación inicial- indica que dos tercios del suelo urbanizable (63%) previsto en el plan general son cuestionables y necesitarían un análisis de riesgo. Sugiere que habría que pedir a Repsol Petróleo, Repsol Butano y CHL un "completo análisis cuantitativo de riesgos".