Las empresas y asociaciones dirigidas por Gerardo Crespo recibieron subvenciones cuando la policía ya les seguía la pista por supuesto fraude de ayudas públicas. La investigación que desarrollaba la Policía Nacional trascendió cuando los agentes, en junio de 2012, se presentaron por sorpresa en algunas de las empresas del imputado para realizar registros. Aún así, las administraciones siguieron otorgándole fondos de las arcas públicas al cabecilla de la presunta organización delictiva que supuestamente se apoderaba de subvenciones destinadas a cursos de formación para desempleados y discapacitados.
El Ministerio del Interior adjudicó en junio del año pasado 224.700 euros a Crespo para ofrecer talleres a internos de centros penitenciarios de diferentes comunidades, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno, por tanto, siguió los pasos de la Xunta, que tal y como informó la semana pasada LA OPINIÓN, otorgó 100.000 euros a Azetanet, la consultoría del imputado, un año después de que la Consellería de Traballo denunciase ante Fiscalía que había detectado irregularidades en cursos. La Xunta acudió a la Justicia cuando la investigación policial llevaba meses en marcha.
La compañía Gecreri SL, dirigida por Crespo, recibió 119.700 euros para impartir programas de formación y orientación laboral para presos de cárceles situadas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y Melilla. La entidad adjudicadora, Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, dependiente del Ministerio del Interior, indica en el BOE que concedió los cursos el 28 de junio de 2013 a esa compañía por haber presentado "la oferta más ventajosa". Ese mismo día el imputado se hizo con otro lote del Estado por importe de 105.000 euros para ofrecer los mismos talleres en prisiones de Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. El argumento que esgrimió Interior para su adjudicación fue el mismo: presentó la oferta más barata.
A finales de 2011 el grupo empresarial de Crespo comenzó a ser investigado por la Policía Nacional a raíz de las denuncias presentadas por dos empleadas de uno de los imputados en la trama, Eliseo Calviño. En febrero de 2012 la Xunta denunció ante Fiscalía irregularidades en los cursos; y, en junio de 2012, los agentes registraron las entidades. Un año y ocho meses después de que el 091 abriese el caso, denominado operación Zeta, el Ministerio del Interior adjudicó subvenciones al sospechoso de liderar la organización delictiva.
El diputado de Izquierda Unida por la Comunidad Valenciana Ricardo Sixto Iglesias presentó una pregunta escrita al Gobierno en noviembre de 2013 sobre esas concesiones y alertó de que las empresas de Crespo estaban siendo investigadas, algo que ya era público desde junio de 2012, cuando la policía registró las entidades del grupo. "¿Cómo justifica el Gobierno que se pudiera adjudicar un contrato público a empresas que en ese momento (y desde años atrás) estaban siendo investigadas por irregularidades relacionadas con subvenciones públicas y desvío de fondos al extranjero?", planteó el diputado. El Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy alegó en su respuesta que las "actuaciones inspectoras" solo se habían llevado a cabo en la provincia de A Coruña y que "no guardaban relación" con las adjudicaciones de Interior.
En su contestación parlamentaria, el Gobierno anunciaba, en enero pasado, que, dos meses antes, había "iniciado el procedimiento de resolución de los contratos". El organismo adjudicador no ofrece ningún tipo de información ni sobre este ni sobre otros contratos en su perfil de contratante. Tampoco Interior contestó ayer a este diario cómo ha concluido ese expediente.
Las entidades de Crespo también estaban a finales de 2013 en el punto de mira por no abonar las nóminas a sus trabajadores. "Estas empresas deben acreditar solvencia técnica antes de acudir a los concursos", advertía entonces el representante de IU en el Congreso.
Estado y Xunta, por tanto, concedieron subvenciones a Crespo cuando era pública la investigación sobre sus presuntas irregularidades. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, defendió, cuando salió a la luz el sumario de la operación Zeta, que había decidido cortar "todo tipo de contrato" con las entidades del imputado tras sospechar del supuesto fraude en los cursos para los que el Ejecutivo autonómico le concedió cuantiosas ayudas -entre 2008 y 2012 le otorgó 15 millones-. La adjudicación de al menos un contrato de 100.000 euros a Azetanet en 2013 para el desarrollo de cursos para desempleados pone en entredicho las declaraciones del dirigente de la Xunta.
