La Xunta mantendrá en sus puestos de responsabilidad en Consumo a dos imputadas en la operación Zeta por, presuntamente, participar en el amaño de concursos públicos a favor del empresario Gerardo Crespo. Así lo aseguró ayer el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, quien descartó tomar "nuevas medidas" contra las sospechosas, que fueron citadas a declarar ante la juez instructora por un presunto delito de tráfico de influencias.
La directora de la Escola Galega de Consumo, Esther Álvarez, y la jefa de Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, María Isabel Caramés González, continuarán, por tanto, desarrollando sus funciones en el organismo, dependiente de la Consellería de Economía e Industria. Ambas se negaron a prestar declaración en el cuartel de Lonzas ante la Policía Nacional, al igual que los tres altos cargos de la Consellería de Traballo e Benestar imputados en la operación contra el fraude de subvenciones para cursos de formación.
Fuentes de Economía e Industria informaron el miércoles, cuando se hizo pública la imputación de las dos responsables del organismo, de que la Xunta les había abierto un expediente. Además, puntualizaron que son "funcionarias" que trabajan "desde hace años" en la Xunta, al tiempo que matizaron que no son consideradas "altos cargos". Rueda subrayó que las dos sospechosas se mantendrán al frente de sus responsabilidades hasta que se resuelvan los expedientes, al tiempo que advirtió de que son "los jueces y no la Xunta los que juzgan lo que dicen los sumarios".
Los tres altos cargos de la Consellería de Traballo que declararán por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho -tipo penal establecido para el soborno o aceptación de soborno- dimitieron de sus puestos tras tener conocimiento de su implicación en el caso. El director xeral de Traballo, Odilo Martiñá Rodríguez, renunció en septiembre; el jefe territorial de la Consellería de Traballo e Benestar, Luis Alberto Álvarez Freijido, fue trasladado a la Diputación y dimitió en octubre; y el jefe de servicio de Gestión Administrativa de Formación para el Empleo, Joaquín Vila Sampayo, fue destituido el mes pasado. La contabilidad no oficial de Crespo descubierta por la Policía Judicial refleja pagos al exdirector xeral de Traballo por importe de 5.700 euros. Martiñá, que fue nombrado por el PP, dimitió el pasado mes de septiembre, el día antes de ser citado por el 091 para declarar.
Los agentes, además, sostienen en la instrucción que los archivos informáticos que examinaron prueban que Gerardo Crespo tenía a sueldo al exdirector xeral de Traballo, al que abonó 300 euros mensuales desde 2006 hasta mayo de 2009, lo que sumaría "una cantidad cercana a los 18.000 euros". Otro alto cargo del PP implicado en la trama, Luis Alberto Álvarez Freijido, figura como receptor de 8.000 euros de la caja B del empresario cuando ejercía de jefe territorial de Traballo. Joaquín Vila Sampayo recibió, según las cuentas de Crespo, regalos por importe de 922 euros.
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, subrayó la semana pasada en una entrevista en este diario que el caso de fraude de subvenciones obligó "a una reacción inmediata por parte de los responsables y por parte del Gobierno", en referencia a las dimisiones de los altos cargos de su departamento imputados, al tiempo que recalcó que la decisión de dimitir partió de ellos. "Cuando supieron que los llamaron a declarar, el director xeral me dice que prefiere irse porque entiende que es bueno para él y para la Xunta. Yo comparto con él al cien por cien su opinión, y por eso presenta su dimisión. El jefe de servicio hace exactamente lo mismo", declaró.
