El Tribunal de Cuentas solicita la anulación de los acuerdos administrativos sobre Someso que fueron aprobados en 2004 y 2005 por el Gobierno de Francisco Vázquez "para poder despejar las hipotéticas responsabilidades contables" derivadas de las irregularidades en la tramitación del polígono promovido por un grupo de constructores encabezado por el presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla.

En concreto, el dictamen, todavía provisional, emitido este martes por el instructor del órgano fiscalizador apunta al acuerdo del 30 de septiembre de 2005, en el que se aprobó definitivamente el proyecto de compensación y al que se le dio el visto bueno en ejecución del acuerdo adoptado el 29 de octubre de 2004. "[El acuerdo de 2005] no ha sido impugnado en vía contencioso-administrativa, por lo que ha permanecido inatacado, desplegando todos sus efectos jurídicos", expone el instructor en el informe.

El dictamen de Cuentas llega después de que el BNG y un particular remitiesen a inicios de 2013 al Tribunal el informe municipal que el actual Ejecutivo local encargó a dos funcionarias. El documento de investigación señala expresamente que el exalcalde Francisco Vázquez es el "único" responsable de algunas anomalías cometidas en la adquisición de las parcelas de Someso y su posterior tramitación.

También concluye que el exembajador retiró competencias a departamentos municipales para encargarse "directamente de la resolución de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución de obras, avenencias con afectados, pago de justiprecios y demás gestiones que sean previstas para llevar a cabo la completa terminación de los trabajos". El Gobierno local también remitió este informe a la Fiscalía, que finalmente lo archivó por no apuntar el Concello quien podría ser culpable ni por qué posibles delitos.

El origen del polémico desarrollo urbanístico de Someso se encuentra en los años 1989 y 1990, cuando el Concello, con Vázquez al frente, adquirió una serie de fincas para la construcción de una carretera de acceso a Pocomaco y un campo de fútbol y para "la potenciación del patrimonio municipal del suelo". El plan general de 1998 recalificó (y revalorizó) los terrenos como urbanizables. La carretera fue construida pero quedaron parcelas sobrantes, la cancha nunca se llegó a levantar y las fincas adquiridas a precio de expropiación a los vecinos del núcleo tradicional de Elviña fueron aportadas por el Concello a la junta de compensación del sector del recinto ferial (es decir, los promotores con suelo en propiedad en la zona), presidida por Fontenla.

Mientras se desarrollaba el sector, algunos propietarios originales de las parcelas compradas por el Concello solicitaron su devolución, tras comprobar cómo los equipamientos que justificaron que se tuvieran que deshacer de sus fincas se convertían en promociones inmobiliarias y un centro comercial. Al no ser posible realizar esta reversión, el Concello ya ha tenido que pagar más de 9 millones de euros por las primeras sentencias favorables a los dueños originales, pudiendo ascender finalmente el coste a un total de 20 millones de euros en indemnizaciones.

Tras conocerse el dictamen de Cuentas, el portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, ha solicitado por cuarta vez al Concello que revise de oficio estos acuerdos adoptados por Vázquez en 2004 y 2005, después de tres negativas del Ejecutivo local en los últimos meses. "Esto es igual que el convenio de la cárcel: mientras no se revise el convenio hay que cumplirlo y precisamente por eso el Gobierno local lo está revisando para que no surta efecto. Para que haya responsabilidad contable hay que expurgar del mundo de la legalidad estos acuerdos", sentenció Carril.

Preguntado sobre esta cuestión, el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, aseguró desconocer la sentencia de Cuentas y que, en todo caso, el asunto no es competencia de su área. El departamento de prensa tampoco traslado ninguna declaración del Ejecutivo acerca de esta cuestión a lo largo del día de ayer.