El exconcejal socialista José Antonio Vázquez Penas recurrió ante la Audiencia Provincial la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña de archivar las diligencias penales abiertas en abril de 2013 contra el exalcalde Francisco Vázquez y el expresidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de urbanización de Someso. El demandante sostiene que ambos podrían ser responsables de delitos de prevaricación y cohecho, por lo que reclama al alto órgano judicial provincial que rechace el sobreseimiento del caso.

La juez de instrucción indicó en el auto en el que da por cerrado el asunto, emitido el pasado mes de julio, que el delito de tráfico de influencias estaría prescrito. El recurrente, sin embargo, considera que Vázquez y Fontenla deberían ser imputados. En 2004 la Junta de Gobierno Local autorizó la adjudicación directa de terrenos municipales a la junta de compensación del recinto ferial, presidida por Fontenla. El proyecto de compensación refundido y la formalización de la venta del aprovechamiento urbanístico fue aprobado en septiembre de 2005 y corregido en febrero de 2006, cuando ya estaba vigente la ley que obligaba la celebración de un concurso público. Penas remitió a la Audiencia Provincial un informe sobre Someso encargado este año por el Ayuntamiento que indica que la aprobación definitiva se realizó en septiembre de 2005 y no en 2004, por lo que el delito no estaría prescrito. El Tribunal de Contas, según señala el demandante, también tomó 2005 como fecha para realizar su estudio sobre el caso.

Dos años antes de que el Gobierno presidido por Vázquez cediese los terrenos a la junta de compensación dirigida por Fontenla, el expresidente de la patronal gallega había transferido a la mujer e hijos del exalcalde una compañía llamada Iglevaz. "No existen indicios de que la venta o transmisión de las acciones en el año 2002 tengan relación directa con lo ocurrido en 2004, cuando se adopta el acuerdo de la Junta de Gobierno", señala la juez de Instrucción 3 en el auto en el que ordenó el archivo de la causa. Penas difiere de la afirmación de la magistrada, por lo que reclama a la Audiencia Provincial que continúe con la investigación.

El actual Ejecutivo municipal estimó en un informe hecho público en enero de 2011 que las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de urbanización de Someso entre finales de los ochenta y principios de los noventa podrían haber ocasionado a las arcas públicas unas pérdidas de 27 millones de euros, a los que habría que sumar otros 20 millones en indemnizaciones para los propietarios que fueron expropiados para construir un campo de fútbol y, finalmente, sobre sus parcelas se levantaron viviendas. El estudio del Concello señala a Vázquez como responsable, ya que la urbanización se realizó "bajo su directa supervisión".