01 de febrero de 2015
01.02.2015
'Operación Zeta' Investigación por fraude en subvenciones

"A la juez le daré todo, pero iré poco a poco. Tengo derecho a hacer varias declaraciones"

Gerardo Crespo, que asegura a LA OPINIÓN que pagaba a políticos para que lo contratasen para impartir cursos, explica su postura a partir de mañana cuando le toca pasar por el juzgado. No va a ser el único, están citadas 30 personas

01.02.2015 | 02:13

El empresario Gerardo Crespo, sobre el que gira la operación Zeta, en la que se investiga el presunto fraude de más de veinte millones de euros en subvenciones para cursos de formación, advierte de que se va a reservar su "derecho de jugar". La juez que instruye el caso lo citó a declarar mañana, pero reconoce que es probable que no le cuente todo lo que sabe. El sospechoso de defraudar ayudas públicas presume de que tiene "pruebas" de la implicación en el caso de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Por ahora, se niega a aportarlas. "Evidentemente, los políticos están implicados, están mintiendo, se están desmarcando", recalca.

"A la juez le voy a dar todo. Pero ahí me voy a reservar el derecho de jugar, no con la juez, tengo el derecho a hacer varias declaraciones. Iré poco a poco", señala Crespo a sabiendas de que en mayo se celebran las elecciones municipales y que el material que dice tener podría hacer mucho daño. A la pregunta de si su estrategia pasa por llegar a un acuerdo extrajudicial a cambio de dinero, responde: "No creo que exista esa posibilidad, estaríamos entrando en unas cloacas... Si existe esa posibilidad yo la desconozco; mi abogado, también. A mí todavía nadie me ha propuesto nada. Ni de dinero ni de nada. Y voy a actuar como creo que tengo que actuar", indica.

El imputado insiste una y otra vez en que su consultoría, Azetanet, realizó todos los cursos para los que fue seleccionada. No obstante, admite a LA OPINIÓN que hacía pagos a políticos, pero puntualiza que era para que le encargasen a su empresa la ejecución de los programas diseñados para incentivar el empleo. "Los cursos están bien hechos, están bien inspeccionados, están registrados por la Xunta, están auditados, justificados económicamente. Esto no es porque los cursos no se hiciesen, primera mentira. Tendríamos que ser auténticos magos para no hacer los cursos y que nos los pagasen. Yo no pagaba para no hacer los cursos, pagaba para que me los adjudicasen", asegura, al tiempo que advierte de que "todavía no cayeron los que tienen que caer".

Un empresario reconoció durante la declaración que prestó en las dependencias policiales de Lonzas que presentó ofertas de sus compañías a concursos públicos presuntamente amañados para dar cobertura a sociedades de Crespo. Los agentes que investigaron los hechos concluyen en el sumario, que supera los 15.000 folios, que el imputado contó con la colaboración de funcionarios, políticos y altos cargos para conseguir ayudas públicas millonarias.

Los policías especializados en este tipo de delitos, además, explican en sus informes que sospechan que el actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, medió cuando ejercía de senador por el PP para que la Diputación de A Coruña le adjudicase un contrato a Crespo. Romay niega haber cometido ilegalidades.

El concurso del ente provincial no es el único que está sobre el punto de mira de la investigación. La Policía Judicial aporta evidencias en el sumario del "amaño desde un inicio" de al menos dos adjudicaciones públicas de la Xunta por importes de 58.056 y 64.800 euros.

Los funcionarios también hacen referencia en sus documentos sobre el caso a las estrechas relaciones que el empresario mantenía con políticos y los pagos en negro que registraba en la contabilidad B localizada por los agentes durante el registro de Azetanet.

Entre los abonos figuran dos realizados en 2011 al PP por importe de 17.000 euros unos días antes de la celebración de las últimas elecciones generales; así como pagos a altos cargos de la Xunta. Tanto Feijóo como el alcalde, Carlos Negreira, negaron que su partido recibiese dinero del imputado. "Nosotros solo tenemos una contabilidad, que es la oficial, y en esa no aparece absolutamente nada", alegó el regidor municipal. El presidente de la Xunta aseguró no tener "constancia directa ni indirecta" de los pagos al PP. La contable de Azetanet, sin embargo, admitió en la declaración que presentó ante la Policía Nacional que Crespo le pidió en dos ocasiones que retirase dinero de la caja B, que estaba en el cajón de su mesa de trabajo, para hacer "dos sobres" destinados al Partido Popular.

El presunto cabecilla de la trama acepta haber utilizado estudiantes falsos para cobrar las ayudas públicas; sin embargo, acusa a la policía de extraer conclusiones erróneas de la investigación, que comenzó a finales de 2011 tras una denuncia contra el presidente de la confederación de autónomos, Eliseo Calviño, presentada por dos de sus empleadas.

"Puede que haya algún alumno ficticio, pero uno o dos, pero es una práctica habitual. Te lo pide la propia Xunta porque quiere cumplir con el curso para que le den las subvenciones de Europa", afirma el dirigente de Azetanet, quien añade: "En todo el mundo empresarial hay ilegalidades. Todo no puede ser legal, por desgracia. Es un problema del sistema, a veces los corsés en las normativas te obligan a tener que hacer cosas si quieres que se hagan. Si un curso de parados tiene que tener 13 alumnos y estamos en 11 y todos queremos que se dé, la Xunta y nosotros, ponemos dos alumnos para que haya 13. Pero los cursos se dan. Son prácticas habituales, pero por bien, no por nada malo", explica el implicado en la Zeta.

En la operación hay una treintena de imputados, entre ellos cinco altos cargos de la Xunta y los seis presuntos líderes de la organización delictiva, además de Crespo: el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño; el dirigente de la Federación de autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello; el director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga Ameneiros; y tres empleadas de Azetanet. Los sospechosos y testigos prestarán declaración judicial a partir de mañana y hasta el próximo 21 de mayo.

Las entidades que investiga la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 por presunto fraude en subvenciones, la mayoría relacionadas con Crespo, recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias por parte del Gobierno gallego. El empresario y exlíder vecinal de El Ensanche comenzó a trabajar con la Xunta a principios de los años noventa, pero la operación Zeta tan solo se centra en las subvenciones concedidas en los últimos años. En concreto, según consta en el sumario, las asociaciones y empresas se embolsaron 15 millones de euros. La mayoría de las ayudas, 12 millones, fueron otorgadas por la Consellería de Traballo e Benestar, dirigida por Beatriz Mato.

La Comisión Europea, de la que proceden gran parte de los fondos supuestamente defraudados, está al tanto de la investigación, por lo que requirió "a las autoridades nacionales" que gestionan el Fondo Social Europeo documentación sobre la operación. El órgano también dio parte del asunto a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para que estudie el caso.

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