La comparecencia del empresario Gerardo Crespo en el Juzgado de Instrucción número 6 abrirá hoy el turno de declaraciones judiciales de los implicados en la denominada operación Zeta, en la que se investiga un presunto fraude millonario a la Administración por la recepción de subvenciones para cursos de formación que supuestamente no llegaron a realizarse. La presencia de Crespo se producirá además después de que admitiese en declaraciones a LA OPINIÓN que había realizado pagos a dirigentes políticos para que le adjudicasen esas actividades formativas.

A lo largo de las próximas semanas pasarán ante la titular del juzgado la treintena de personas a las que se ha imputado en la causa, que trata de determinar si hubo una actuación delictiva en la concesión de ayudas públicas por importe de 20 millones de euros entre los años 2008 y 2012. La investigación se ha cobrado ya víctimas en el terreno político, puesto que tres altos cargos de la Consellería de Traballo dejaron sus puestos cuando se conoció su imputación por la juez.

También en el terreno sindical ha habido damnificados a causa de la implicación de tres dirigentes de la Unión Sindical Obrera, cuyos responsables nacionales incluso llegaron a disolver la dirección gallega con el fin de poner orden en la organización. Al margen de Crespo, cuya empresa, Azetanet, dio nombre a este caso, otro de los principales encausados es Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, al que en la investigación se le atribuye un papel fundamental en la supuesta organización de cursos falsos para captar las subvenciones públicas.

De acuerdo con las averiguaciones policiales que la juez tratará de confirmar, asociaciones como la presidida por Calviño lograban la adjudicación de los cursos y luego se los subcontrataban a empresas de formación con las que pactaban la recuperación de parte de las ayudas mediante pagos en dinero negro o facturas falsas.