El Ejecutivo ha dado con la interpretación positiva del auto del Tribunal Superior y en un comunicado enviado ayer se olvida de mencionar que los magistrados han echado abajo su demanda de suspensión de la demolición mientras no se resuelva su último recurso, el de amparo ante el Constitucional. El Gobierno local se queda con que el auto "refrenda" su gestión para "legalizar el edificio" porque ordena redactar y aprobar un proyecto técnico de demolición y esto, interpreta, ya lo inició el pasado noviembre, cuando encargó a un arquitecto externo un proyecto de legalización. En el auto judicial sin embargo en ningún momento se habla de legalización.
El Concello muestra su "satisfacción" porque en el auto "se rechazan la mayoría de las peticiones del demandante", cuando el Superior estima bastantes: le da la razón al denunciante en que no hay lugar a suspender la demolición, en los seis meses para redactar y aprobar el proyecto, y en que el Ayuntamiento debe informar mensualmente de las actuaciones ejecutadas. Rechaza eso sí que se designe al alcalde como "responsable directo de la ejecución" pues ya en su momento se estableció quién era" -el director de Urbanismo, ahora César Otero Grille- y dar un plazo máximo de 24 meses para demoler porque no se sabe aún qué obras se harán.
