Unos técnicos tendrán que entrar próximamente en las más de cien viviendas, locales comerciales y despachos profesionales del edificio Conde de Fenosa de la calle Fernando Macías para realizar una valoración del estado actual del inmueble, si se hicieron cambios respecto al proyecto inicial y cómo se puede adaptar a las normativas urbanísticas vigentes actualmente. Éste es el trabajo que ejecutará el estudio que contrate el Ayuntamiento de A Coruña, que ha iniciado un procedimiento negociado, no abierto, para adjudicar por 72.600 euros (IVA incluido), la redacción del proyecto técnico de legalización y ejecución "de las obras que procedan".
La teniente de alcalde de Hacienda, Rosa Gallego, ya ha aprobado el expediente de contratación para elaborar el proyecto que evaluará las obras necesarias para el "restablecimiento de la legalidad" en el edificio Fenosa para acatar así las reiteradas sentencias que han confirmado su ilegalidad. La resolución del Ejecutivo local confirma que la realización de obras en este inmueble es totalmente inevitable y solo falta conocer de qué calado serán.
El Concello ha procedido a encargar este trabajo después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ordenase el pasado mes de enero que aprobase el proyecto de derribo en un plazo máximo de seis meses porque redactarlo "no causa ningún perjuicio definitivo" ni a los propietarios de las viviendas ni a la Administración.
El Ejecutivo ha hecho caso del auto del Superior y ha encargado el proyecto sin esperar a saber siquiera si el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite o no su recurso de amparo para evitar las obras de demolición, que presentó el pasado mes de octubre.
El Tribunal Superior había ordenado en una resolución judicial que fuese Martinsa-Fadesa la que se encargase de la redacción del proyecto y el Concello llegó a hacerlo pero la promotora hizo caso omiso, al igual que la comunidad de propietarios como nueva "titular" del inmueble. El Ejecutivo municipal no obstante aseguró que realizaba esta contratación del proyecto de forma subsidiaria y después le pasaría la factura a la promotora, algo difícil ahora que está en liquidación.
El grupo municipal del BNG, en un comunicado enviado ayer, destaca precisamente que el grupo de Gobierno asume el pago de este proyecto técnico en lugar de exigírselo a Martinsa-Fadesa, "principal responsable de esta actuación ilegal" y que ni siquiera se opuso al último recurso contra el derribo presentado ante el Tribunal Supremo.
Los nacionalistas alertan de que a estos 72.600 euros que gastará ahora el Concello de A Coruña en el proyecto de legalización hay que sumar "los 46.083 euros del erario público gastados en informes externos por parte del señor Negreira para retrasar el asunto y así ganar tiempo".
El Bloque recuerda así otra reciente factura que abonó el Ayuntamiento el pasado noviembre, de 7.253 euros, para contratar a un exempleado de Fadesa, el arquitecto Carlos Trabazo, con el fin de que elaborase un informe urbanístico. También recuerda otro informe de este arquitecto que trabajó para la promotora que "ejecutó obras ilegales en el edificio", de junio de 2012, por valor de 18.179 euros; junto con un informe del jurista Rafael Gómez Ferrer de julio de 2012 por 20.650 euros.
Estos dos últimos informes fueron para "evaluar la viabilidad técnica de la demolición de las obras de rehabilitación" y sobre la imposibilidad de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de 2011, informes todos rechazados por el Tribunal Supremo.
