Vecinos afectados por la carretera de enlace entre la AP-9 y la tercera ronda, también conocida como Vial 18, amenazan con llevar el desarrollo del proyecto a los tribunales en caso de que no se respeten "todos los procedimientos que establece la ley" y de que no se analicen otros trazados alternativos que, a su juicio, implicarían un menor impacto humano y paisajístico.

La advertencia vecinal llega una semana después de que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, alertase en su informe anual 2014 presentado ante las Cortes de que la tramitación del vial incumple los procedimientos establecidos por la normativa de carreteras y medioambiental y que no se han considerado "adecuadamente" las repercusiones que la obra puede tener en el ámbito público, social o económico. Según informan desde la institución, la queja, que todavía sigue en trámite, se abrió tras recibir la denuncia de un particular.

El proyecto de esta carretera se encuentra todavía sometido a trámites medioambientales. El trazado preferido por Fomento se iniciaría en A Zapateira y conectaría con la autopista en el kilómetro 4, tras pasar junto a la residencia Rialta, el geriátrico Los Magnolios y el colegio Andaina.

Los vecinos sospechan que detrás de este trazado hay "intereses urbanísticos" para revalorizar el valor del suelo de las zonas próximas y aseguran que la carretera no lograría desviar los vehículos de la entrada de la ciudad, ya que seguiría siendo preferible acceder al puerto y a los polígonos de A Grela y a Pocomaco por la avenida de Alfonso Molina, después de ser ampliada. Los residentes critican que las múltiples viviendas de la zona se verían afectadas por los gases generados por los vehículos subiendo el desnivel de un 7% -que llegaría al 8,5% en algunos tramos- y vaticinan "accidentes graves", principalmente en dirección de bajada a la autopista.

En cuanto a los trazados alternativos, plantea que se estudie la viabilidad de otras opciones, como que la conexión entre tercera ronda y AP-9 se realice a través del área de servicio de O Burgo.

A pocos meses de que se ponga en servicio el trazado completo de la tercera ronda, se desconoce cuándo podrá enlazar esta vía con la autopista y así evitar que quienes circulen por la AP-9 se vean obligados a atravesar la avenida de Alfonso Molina para entrar o salir de la ciudad. Fomento solo se encarga del diseño del proyecto, ya que su financiación correrá a cargo de Autopistas del Atlántico (Audasa), al igual que la ampliación de Alfonso Molina y la instalación de una pasarela peatonal en Pedralonga. La concesionaria podrá subir los peajes para compensar esta inversión si necesita restablecer el equilibrio económico del contrato.

El Gobierno central consignó en los Presupuestos Generales del Estado de este año 100.000 euros para el estudio de este proyecto, igual que en 2013, después de haber suprimido las partidas el año pasado.

Fomento planteó dos trazados diferentes, pero se decantó por el norte, que implicará el derribo de cinco casas, una nave industrial y dos galpones, mientras que el sur obligaría a demoler 18 edificios. También afirmaba que la afección a explotaciones agropecuarias con el corredor norte sería de un 14% y sin embargo con la alternativa sur sería de un 22%.

Otro de los factores que impulsaron al Ministerio de Fomento a decantarse por ese recorrido es el económico, puesto que el primero es de solo 17 millones de euros, frente a los 30 que costaría ejecutar el segundo.