El contrato de la Fundación Deporte Galego con Gaia nació con problemas. El concurso recogía un número erróneo de abonados de las instalaciones. Una diferencia de 2.163 usuarios. La empresa se comprometió, en virtud de las cifras dadas por la Xunta, a realizar obras por 4 millones y subrogar a la plantilla. La previsión económicas saltó por los aires. Según el contrato, la firma estaba obligada a pagar un canon anual de 700.000 euros. La ruína se precipitó, con falta de mantenimiento y dificultad para pagar sueldos. En 2012 las partes acordaron aplazar el abono del canon hasta que se equilibrase el contrato y hacer una auditoría para fijar la cuantía a satisfacer por los "usos gratuitos" y por "el error en el número de abonados". El estudio concluye que el perjuicio económico es de 75.000 euros al año por lo primero y 3,8 millones por lo segundo (que están reclamando en un segundo juicio). No hubo pago. En pleno conflicto derivado de la situación, en 2014 la fundación levanta la suspensión del abono del canon para acordar resolver posteriormente el contrato, algo que no se ha materializado.
