Las concejalas del Gobierno de Carlos Negreira y candidatas del PP en las elecciones municipales Rosa Gallego y Begoña Freire tendrán que declarar ante la juez María Francisca Justo Vicente como imputadas el próximo 5 de junio. El origen de esta imputación, sobre la que no se especifica ningún delito en una providencia del juzgado de instrucción número 8 de A Coruña del 7 de mayo, es una denuncia por prevaricación y trato degradante presentada por la exjefa de Transporte del Ayuntamiento. Según fuentes judiciales, la demanda por trato degradante va dirigida contra un empleado de superior grado que la denunciante, quien ya declaró el pasado mes de febrero, y la de prevaricación, contra las ediles imputadas.
Los antecedentes de la presentación de la demanda se remontan a febrero de 2010, cuando la exfuncionaria interpuso una denuncia administrativa por acoso contra un superior, según las mismas fuentes. El Concello abrió una información reservada al respecto una semana después y tres meses más tarde determinó no incoar ningún expediente al respecto.
Año y medio más tarde la empleada fue destituida de su puesto, aunque trabajó hasta el momento de su jubilación en marzo de 2014. Fuera ya del Concello, la mujer presentó su denuncia judicial en julio contra quien había sido su superior y las concejalas Gallego y Freire. El juez abrió diligencias en agosto y emitió un auto en diciembre en el que llamó a declarar en febrero de este año al antiguo superior de la funcionaria. Tras esta comparecencia, la denuncia inicial pasó a la Fiscalía, que tras realizar un informe pidió que se citase como imputadas a las dos ediles para que declarasen el 5 de junio.
El alcalde quitó ayer gravedad a la citación judicial de sus concejalas, una de ellas, Rosa Gallego, la número 2 en la lista popular para las elecciones del 24 de mayo. Carlos Negreira se apoyó en la falta de explicación sobre el presunto delito por el que se imputa a sus trabajadoras para considerar que el caso "no tiene absolutamente ningún recorrido" y se trata de "un tema puramente administrativo". "Es sobre el cese de una persona por el sistema de libre designación donde no hay imputación por ningún delito del Código Penal", comentó el alcalde a la conclusión de un acto electoral en Elviña. Añadió que "se darán todas las explicaciones sobre cómo se hace con los nombramientos de libre designación".
La misma actitud de despreocupación mostró el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien en Radio Coruña manifestó al ser preguntado por la imputación de las ediles coruñesas que el asunto no le "quita el sueño ni un minuto". "Los jueces están en su derecho de llamar a declarar. Que vayan y que expliquen como se deciden los cargos de libre designación, algo que es un hecho ordinario en las administraciones", repitió Feijóo.
Negreira descartó que esta imputación vaya a tener consecuencias negativas en los resultados electorales o vaya a condicionar posibles pactos en el caso de que el PP no obtenga la mayoría absoluta. "No tiene ningún recorrido, es un tema administrativo en el que no se explicita ningún tipo de conducta contra el Código Penal", dijo el alcalde, que admitió que le parece "sorprendente" que la denuncia derivase en la citación de las concejalas imputadas en fechas electorales.
La denunciante fue destituida de su cargo en el Ayuntamiento en diciembre de 2013, tres meses antes de su jubilación, aunque continuó trabajando hasta marzo del año siguiente. La exempleada está imputada en la operación Pokemon por un presunto delito del tráfico de influencias.
La juez instructora de este caso que investiga la presunta adjudicación de contratos públicos a cambio de favores, Pilar de Lara, emitió un auto a comienzos de este mes en el que reclamaba al Ayuntamiento información sobre el presunto borrado de documentación del ordenador de esta exjefa de Transportes.
El mes anterior, en abril, De Lara también incluyó a Rosa Gallego y Begoña Freire en una lista de siete ediles junto al alcalde y al presidente de la Diputación, Diego Calvo y otra treintena de personas, sobre los que reclamó datos a Hacienda y la Seguridad Social para investigar posibles enchufes.
