El informe elaborado por el interventor municipal sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos -el pago de facturas por gastos no presupuestados o gestionados de forma irregular- echa en cara al Gobierno local del Partido Popular que no abonase 261.352 euros a la empresa concesionaria de la planta de Nostián por facturas de los años 2012 y 2013. Este reconocimiento suma 3,1 millones de euros, de los que 2,5 millones exigen, para hacerles frente, una modificación del presupuesto, la primera del año, que el Gobierno local someterá a votación del pleno este viernes.

La cantidad que se abonará a la planta de Nostián corresponde a los atrasos por gastos generales y beneficio industrial, sobre los que el Ayuntamiento mantuvo discrepancias con la empresa, pero el funcionario encargado de la fiscalización asegura que no entiende "por qué no se tramitó y aprobó antes estas facturas, teniendo en cuenta que son de finales de 2012 y finales de 2013".

El interventor destaca que en el expediente no se explica cuál es la razón de esta demora y pone de relieve además que el anterior Gobierno local presentó una declaración de lesividad contra el acuerdo municipal de abril de 2011 por el que se decidió abonar el transporte y eliminación del 55% de los residuos. El funcionario advierte de que este conflicto se dirime en la actualidad en los juzgados y que si se falla a favor del Ayuntamiento quizás sea posible reclamar la devolución de las facturas que ya fueron abonadas por este concepto.

A los 261.352 euros de estas facturas de la planta de basuras hay que sumar 161.770 euros más que corresponden a las de noviembre de 2014, por lo que en total la gestora del complejo de Nostián recibirá 423.122 euros en este reconocimiento extrajudicial de créditos.

También hace especial hincapié el interventor en el abono a la Compañía de Tranvías de 1,99 millones de euros que se corresponden con la parte del bonobús que asume el Ayuntamiento en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. A lo largo de los últimos años, tanto con los gobiernos socialistas como con los populares, este funcionario criticó que en los presupuestos municipales no se consignase la cantidad necesaria para hacer frente a esta obligación, puesto que siempre fue necesario efectuar un abono posterior al haberse superado la partida para el bonobús que figuraba en las cuentas de cada ejercicio.

"Es necesario hacer una presupuestación más ajustada y realista", señala el informe de Intervención, que reclama que en el presupuesto inicial se incluyan los "gastos previsibles a realizar en cada ejercicio por este concepto". En el caso de estas nuevas facturas, el interventor pone de relieve que el gasto se incrementa en 130.000 euros con relación a las que se abonaron en el mismo periodo del año anterior, lo que puede interpretarse como una consecuencia del aumento del número de viajes realizados en los autobuses urbanos.

Otros gastos que menciona el informe son los pagos del anterior Gobierno local al abogado que elaboró los recursos para evitar cumplir la sentencia de derribo del edificio Conde de Fenosa, al que se le adeudan dos facturas de 21.175 y 13.310 euros. El interventor presentó un reparo de legalidad a la primera de ellas al entender que se había realizado un fraccionamiento del contrato -práctica prohibida por la legislación-, ya que el Concello había pagado anteriormente otra factura por el mismo importe. Sobre la segunda factura se solicitaron aclaraciones porque también se sospechó de un fraccionamiento que fue negado por el jefe de la Asesoría Jurídica, aunque el interventor mantuvo su tesis de que sí se produjo porque se presentaron varias facturas para un mismo proceso de defensa.