La financiación del puerto exterior es un compromiso industrial, económico y medioambiental de muy largo recorrido. Con el día de hoy como referencia, la Autoridad Portuaria va a tardar al menos 36 años, hasta 2051, en amortizar los créditos que ha solicitado para construir la dársena de punta Langosteira. De los 326,4 millones de euros que tiene que devolver a Puertos del Estado, que le concedió 200 millones en julio de 2011, y al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que prestó 126,4 en 2013, habrá pagado al concluir este año solo 8,9 millones.

Esta es la cantidad que corresponde a los tres primeros vencimientos del crédito hasta 2031 del BEI; el tercero, el de 2015, será el más cuantioso, de 5,3 millones de euros. El préstamo de Puertos del Estado tiene una duración máxima de 40 años y el organismo coruñés no empezará a amortizarlo hasta 2021, ya que el periodo inicial hasta ese año carece de amortización y solo compromete al pago de intereses, por un importe liquidado hasta la fecha de 4,5 millones de euros (el tipo de interés medio es del 2,69%). Dentro de seis años la Autoridad Portuaria deberá empezar a devolver el crédito mediante 60 cuotas semestrales hasta su total amortización en 2051.

El horizonte financiero del ente portuario se atisba por tanto envuelto en pronósticos deficitarios, como el propio Puerto reconoce. En julio pasado atribuía el volumen de pérdidas registrado en 2014, de 4,2 millones de euros, a los gastos financieros y a las amortizaciones derivadas de los créditos contraídos para sufragar las obras del puerto exterior. "Los resultados negativos serán una tendencia en los próximos años habida cuenta de la elevada deuda que ha asumido la Autoridad Portuaria por las obras realizadas en punta Langosteira", reflejaba el Puerto en una nota hace casi dos meses.

Hay otros factores que acentúan las complicaciones de la previsible larga temporada en la que el organismo tendrá que acostumbrarse a asumir elevados gastos, lo que dificulta que las cifras de negocio obtenidas superen con holgura las obligaciones crediticias que el Puerto debe cumplir con el BEI y con Puertos del Estado. La entidad tiene que compensar con 24 millones de euros -una cifra ligeramente superior a los beneficios logrados en todo 2014- a la compañía Repsol por su traslado de los muelles urbanos a la dársena exterior, donde realizará el 60% de sus operaciones a partir de 2018.

Ante este futuro económico, la Autoridad Portuaria exige el cumplimiento de los convenios firmados en 2004 entre el Ayuntamiento y Fomento para financiar la dársena exterior con la venta de los muelles que queden liberados en el interior (Batería, Calvo Sotelo, San Diego y petrolero). El organismo defiende a ultranza la necesidad de urbanizar ese suelo para garantizar la financiación del puerto exterior. El presidente del ente, Enrique Losada calcula que la inyección económica sería de unos 240 millones de euros, un tercio de los 735 millones del coste total de la obra.

El Ayuntamiento duda de los beneficios que se puedan obtener con esa urbanización y no es partidario de la operación, sino de disponer de esos terrenos para el uso de los ciudadanos, como hizo saber a Losada el alcalde, Xulio Ferreiro, una reclamación en la que le acompañan el PSOE y el BNG. Se opone a que la ciudad pague la obra con la subasta de suelo y exige que los ingresos previstos por la operación inmobiliaria los aporte directamente el Ministerio de Fomento.