Los mayores de la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en la calle Adelaida Muro salían a pasear, a tomar un café y charlar con los vecinos o caminar por el paseo marítimo. Los residentes en el barrio acudían todos los domingos a misa en la capilla. "Éramos una gran familia", recuerda Ramón Rodríguez, que vivió casi frente al edificio asistencial derribado hará este año cinco lustros y que fue testigo de la interrelación entre el vecindario de Monte Alto y el edificio asistencial. "Se expulsó a los mayores del centro y se les mandó para el monte, a Eirís, aislados, sin convivencia con el resto de la ciudad", explica Manuel Monge, exedil del BNG, integrante de la Asociación de Memoria Histórica y uno de los impulsores de la comisión contra el derribo de este edificio de 1888 con la galería más larga de la ciudad, el primer asilo que hubo en Galicia.

En el solar que ocupaba el edificio donde las monjas atendían a los mayores se ubica ahora un colosal inmueble residencial de lujo, una urbanización privada rodeada de muro y verja que tiene todo su perímetro vigilado con circuito cerrado de televisión con cámaras de seguridad y una central de control. "Ahora son ellos los que están aislados como los mayores que llevaron a Eirís, viven de espaldas a los vecinos de esta calle", apunta Ramón Rodríguez.

La demolición del emblemático edificio de Adelaida Muro en 2001 generó la primera gran movilización ciudadana de A Coruña, la primera vez que los vecinos se levantaron en masa contra la política del Gobierno local, presidida entonces por el socialista Francisco Vázquez, que llegó a cambiar el plan general para retirar la protección a este inmueble y hacer posible su eliminación para levantar en su lugar pisos de lujo, el más caro de casi 1,4 millones de euros.

Este mes se cumplen quince años de la celebración en el Círculo de Artesanos de un foro con más de sesenta entidades ciudadanas en el que se empezó a gestar un calendario de movilizaciones para evitar el derribo, un objetivo que no se logró al desaparecer el inmueble en septiembre de 2001. Pero todas las acciones desarrolladas (manifestaciones, conferencias, recogida de firmas, consulta popular, un concurso, ruedas de prensa) prepararon a los coruñeses en la lucha por ser escuchados, calentaron el ambiente, por ejemplo, para la protesta contra la construcción de una farmacia en Adormideras sobre suelo de uso dotacional. La visita del exregidor Vázquez al barrio hizo ver una imagen inédita: el 7 de julio de 2001 el entonces alcalde fue acorralado por los vecinos, que tuvo que salir a la carrera protegido por su guardaespaldas.

En el solar de las Hermanitas la promotora Vivienda Confort construyó Citania, una urbanización que según el folleto promocional es "de alto standing", con piscina climatizada, spa con gimnasio, alicatados porcelánicos italianos, retretes del famoso diseñador Philippe Starck, persianas motorizadas, aspiración centralizada, hall de mármol con mosaicos que reflejan las obras del pintor Peteiro y dos cúpulas en la cubierta a modo de miradores que se iluminan de noche. En total, 227 pisos de una a cuatro habitaciones, que en 2010, con el inmueble ya casi terminado, se anunciaron a unos precios desde 240.000 euros hasta 1,3 millones.

La página web de la empresa indica que tiene 149 viviendas aún disponibles, es decir, el 65% desocupado, aunque según fuentes de la inmobiliaria estos datos no están actualizados y la ocupación actual es "más o menos la mitad". El edificio se anunció en folletos promocionales como "el nuevo referente emblemático de la ciudad. Algunas viviendas están en alquiler y según algunos portales inmobiliarios los precios rondan los 900 euros. Por un ático de cuatro habitaciones en la sexta planta, con vistas a la bahía, se piden 2.100 euros al mes.

"Con el derribo del asilo todo cambió. Yo antes veía el mar, ahora con el edificio nuevo veo su jardín, la cubierta de la piscina... Tienen un montón de niños, los veo cuando juegan en la plaza. Llama la atención porque hay como cuatro o cinco parejas que tienen gemelos, nunca vi tantos juntos. También vive aquí un jugador del Deportivo. No quedó mal, pero la calle cambió totalmente, ya no es el mismo vecindario", lamenta un vecino.

Otro residente de más edad, Ramón Rodríguez, califica como "una desgracia" para el barrio la desaparición del edificio asistencial. "Me dio pena. Los que nos criamos aquí echamos de menos las campanas de la capilla, ese sonido. Toda la calle eran casas de máximo tres pisos y buhardilla y éste tiene ocho. Mi tío era monaguillo en la capilla y yo iba a misa con mi madre los domingos y parábamos en el bar Pepe, donde ahora hay una peluquería. Ese edificio sí que lo protegieron, conservaron la fachada y está encajonada en medio de otros dos modernos. Lo que pasó fue una locura. Decían que iban a respetar el cierre de piedra, ¿y dónde está?, ¿dónde están las piedras talladas que había?, ¿y dónde van los restos enterrados en la capilla del asilo?".

Rodríguez se refiere a que los restos de Adelaida Muro, la benefactora, junto con los de su marido y su cuñada, se enterraron en una cripta tras el altar mayor de la capilla del asilo.

"Mi tío bisabuelo Juan de Ciórraga, arquitecto municipal más de cuarenta años, donó los terrenos para construir el asilo. Era un edificio histórico, muy arraigado en el barrio. Su demolición fue uno de tantos pelotazos urbanísticos. Me han dicho que muchos están vacíos. Se podían aprovechar para viviendas sociales, para acoger gente. Hoy este edificio es el emblema del pelotazo autorizado. Los grandes especuladores hicieron lo que les vino en gana con el consentimiento absoluto del presidente de la Corporación, Francisco Vázquez. Primó el dinero y la explotación urbanística, favorecer a algunos, y no el interés en darle la mejor asistencia posible a los más necesitados", subraya Segundo Pardo Ciórraga, exconcejal socialista crítico con la gestión del exregidor en su día.

Pardo era uno de los integrantes de la comisión que se creó contra el derribo y el responsable de que hoy en día la Torre de Hércules sea Patrimonio de la Humanidad.

En el documento de aprobación inicial del plan general, sometido a exposición al público, el solar estaba calificado como suelo urbano consolidado, pero con el cambio propuesto por el gobierno local, de asistencial privado a residencial, la Xunta obligó al Concello a incluirlo como urbano no consolidado, con lo cual el valor del solar se reducía significativamente.

En octubre de 1998 se aprobó el planeamiento coruñés con los únicos votos favorables del PSOE. El PP se abstuvo y el BNG votó en contra. Al año siguiente de aprobarse el plan y descatalogarse el inmueble las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y responsables de Vivienda Confort firmaron la venta: 12 millones de euros. En los papeles se incluyó una cláusula: Vivienda Confort desembolsaría otros 3,5 millones si las religiosas lograban una modificación del uso de los terrenos que permitiese construir más pisos, lo que lograron por sentencia.

Las monjas presentaron recurso contra el PGOM aprobado y en junio de 2003 el Tribunal Superior de Galicia lo estimó y declaró que la parcela del asilo era suelo urbano consolidado, en lugar de no consolidado como figuraba en el plan. La promotora así también se ahorró la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento y otras cesiones para zonas verdes y espacios libres.

Según consta en esa sentencia, el Concello defendió en el proceso los intereses de las monjas en contra de lo que dictaba el PGOM. El abogado municipal argumentó que la categoría de no consolidado había sido impuesta por la Xunta, una estrategia procesal que fue calificada por el abogado de la Xunta como "deslealtad institucional": el Concello compareció en el juicio para defender su plan general y al mismo tiempo fue en contra de él apoyando a la otra parte, actuación a la que el tribunal llamó "paso cambiado".

Con los más de 15 millones en total, las Hermanitas construyeron un nuevo edificio, más moderno, en Eirís, con 203 camas, 168 de ellas reservadas a ancianos. Vivienda Confort pertenecía al presidente del grupo de transportes Azkar y según se publicó entonces, se estimaba que recaudaría más de 100 millones de euros con esta operación.

La Consellería de Cultura admitió en su momento que tenía competencias para frenar el derribo pero defendió que la ley no la obligaba a pronunciarse sobre el conflicto. Y la Dirección Xeral de Patrimonio optó por el silencio.

Se tuvo en cuenta un informe encargado por las monjas del estudio A-cero que aseguraba que el inmueble tenía un "deterioro físico", una "mala calidad de la construcción" y a pesar de poseer "cierto atractivo", era "difícil hablar de interés arquitectónico".

No se tuvo en cuenta un informe del profesor de la Escuela de Arquitectura coruñesa Xosé Lois Martínez, que apuntó que el inmueble era "una de las escasas muestras que se conservan en Galicia de la tipología arquitectónica asistencial" y la única de A Coruña.

Martínez destacaba que el edificio era una muestra de "cómo se resolvió en la ciudad el problema de la atención social a cientos de personas que vivían en la miseria a finales del siglo XIX". Este profesor subrayó que el asilo era una "pieza insustituible" para comprender la historia urbana de la ciudad, una "composición palaciega" con fachadas monumentales y una "gran galería acristalada" en la fachada que daba al paseo marítimo.

Una dama coruñesa, Adelaida Muro, casada con el acaudalado José Arévalo, creó la fundación benéfica ante notario en 1896. Las monjas no figuraban como herederas ni se hablaba de donación, solo de creación de una casa-asilo para ancianos y desamparados.

Al trascender la intención del Concello de echarlo abajo se crearon dos agrupaciones: el Colectivo Recuperación Urbana y Ambiental (RUA), integrado fundamentalmente por estudiantes de la Escuela de Arquitectura de A Coruña; y la Comisión en Defensa do Asilo, encabezada por Manuel Monge.

Entre los dos colectivos se logró que 85 entidades sociales, políticas y culturales apoyasen las movilizaciones en contra de la demolición. Se recogieron unas 10.000 firmas de apoyo y se realizaron manifestaciones con hasta 3.000 personas, foros, conferencias. Arquitectos, poetas, escultores, escritores, pintores, deportistas, profesores de arquitectura, sindicatos y muchos vecinos, integraron aquellas movilizaciones.

"Fue una reacción cívica muy importante. Por primera vez más de 80 entidades hicieron un pronunciamiento público, un apoyo masivo. Fue incomprensible que un Gobierno fuese tan insensible a una demanda cívica cuando estaba tan claro que detrás estaba la especulación urbanística. Se cambió el plan general para favorecer a una inmobiliaria, y el concejal Moreda llegó a decir que lo que se hacía era una obra casi de caridad. Se pudo haber rehabilitado el inmueble para ser más confortable, costaba 400 millones de pesetas, más de lo que gastó el Concello entonces en construir un pirulí para celebrar el nuevo milenio. Esa era la prioridad, fue un disparate. Después de eso el PSOE no perdió las elecciones por 140 votos y en Monte Alto el descenso fue tremendo. No le salió gratis", destaca Manuel Monge.

Dos estudiantes de Arquitectura, Miguel Reimúndez y Olga Fra, integrados en aquel colectivo RUA ya desaparecido, llegaron a presentar una alternativa al derribo, un proyecto de rehabilitación "perfectamente factible" para conservarlo y mantener el uso asistencial con calidad y que costaría como máximo 2,5 millones de euros.

"Aquella movilización lo que demostró fue la incapacidad, a pesar del rechazo muy amplio de la sociedad, frente al poder de los capitales inmobiliarios y el poder político local. El tiempo ha demostrado que aquel era un modelo totalmente equivocado, que ellos eran los realmente equivocados. Pero siempre hay que pelearlo porque el interés inmobiliario siempre está latente", cuenta el hoy arquitecto, ya no estudiante, Miguel Reimúndez.

"Aquello fue muy serio y muy duro. Nos pareció una cosa terrible. Los mayores hacían vida en la calle, con los vecinos. Con arreglar el edificio ya estaba, sin sacarlos del centro y apartarlos. Nunca se había movilizado tanta gente, tuvimos mucha unión. Y no sirvió para nada. Yo paso siempre por delante del edificio nuevo que construyeron en el solar y veo que está medio vació y pienso que les está bien que no den vendido", recuerda la que era entonces vicepresidenta a la Asociación de Veciños de Monte Alto, Carmen Barrós.

La comisión ciudadana en contra del derribo llegó a presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por posibles delitos de prevaricación y cohecho pero no prosperó. También se denunció que la empresa empezó las obras un día antes de contar con licencia, pero tampoco tuvo más recorrido.

"Tengo el recuerdo, siendo yo pequeña, de ver a las monjas en San Juan saltando la hoguera que hacían en el patio, como hacíamos todos", cuenta María, otra joven vecina de la calle Adelaida Muro.