La red de bibliotecas municipales es el servicio municipal en el que el Ayuntamiento trabaja para recuperar la gestión directa, según avanzó ayer el alcalde, Xulio Ferreiroel alcalde, Xulio Ferreiro. La gestión de las bibliotecas se rige ahora por una concesión, adjudicada a la empresa privada Eulen en un contrato que concluye en noviembre. El Gobierno local iniciará mañana el expediente de remunicipalización en la Junta de Gobierno y espera que el proceso culmine en noviembre, cuando finaliza el contrato con Eulen.
La recuperación del servicio por parte del Ayuntamiento supondría un ahorro de 400.000 euros anuales, según ha señalado esta mañana el regidor. El Ayuntamiento mantendrá los contratos a la plantilla actual de su red de bibliotecas, compuesta por sesenta trabajadores. En una segunda fase, y en función de lo que permita la ley, se convocarán procesos de selección para cubrir las plazas de forma definitiva. "En ningún caso esto supone una entrada en la función publica por una puerta que no es la da capacidad y el mérito. En una segunda fase se convocarán esas plazas por las vías de la concurrencia pública y cada trabajador tendrá que ir ganando sus plazas", remarcó Ferreiro.
El alcalde ha presentado esta remunicipalización de un "servicio esencial" del Ayuntamiento como una iniciativa "pionera en el Estado" en la que llevan trabajando meses. "Lo que queda por delante es duro y vamos a necesitar la ayuda de los grupos municipales", ha remarcado. El Gobierno impulsará la creación de una comisión especial del peno para abordar esta remunicipalización y anunció otra comisión de estudio a nivel técnico para "solventar problemas que están previstos".
El servicio municipal de bibliotecas se encuentra inmerso en una investigación judicial por un posible delito de tráfico de influencias durante la gestión del Gobierno local del Partido Popularinvestigación judicial por un posible delito de tráfico de influencias Gobierno local del Partido Popular, entre 2011 y 2015. La Marea Atlántica incluía en su programa electoral la promesa de analizar la remunicipalización de servicios. Lo intentó con el de la ORA y la grúa, pero tuvo que desistir porque el anterior Ejecutivo había dejado prácticamente adjudicado ambos contratos. La asesoría jurídica municipal advirtió de que la remunicipalización abocaría al Ayuntamiento a hacer frente a elevadas indemnizaciones a las empresas adjudicatarias.
