La modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento que tramita el Concello de Cambre en la zona de A Barcala, detrás del colegio Portofaro, tiene por objetivo reclasificar estas 3,2 hectáreas de suelo rústico en urbanizable para construir unas 170 viviendas en edificios de bajo, tres plantas y bajocubierta. El Gobierno local ya intentó en 2013 ordenar esta zona (prioritaria desde 1994) con un plan de sectorización y ahora ha mejorado la propuesta pero la Xunta acaba de resolver que deberá someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, no le exime de este trámite, por los impactos que supondrá y los condicionantes importantes que tiene. Por esta razón necesitará el visto bueno de muchos organismos, sobre todo de Carreteras y el Ministerio de Fomento.
La Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo alertó de que la mayor parte del ámbito está dentro de la zona de afección de la autopista AP-9 y de la carretera AC-1706 por lo que debería ser suelo rústico de protección de infraestructuras, así que deberá tener informe favorable de los organismos competentes en carreteras. Este sector además está afectado por el plan sectorial de incidencia supramunicipal de la red viaria de A Coruña, y la ordenación que propone el Concello afecta al área de reserva viaria de treinta metros, así que deberá tener también el visto bueno del organismo responsable.
La realización de esta reclasificación junto a una carretera provincial obliga que sean sistema general viario todas las tierras desde la vía hasta el borde de los edificios, y deberán cederse a la administración titular.
La Xunta recuerda en su informe sobre este proyecto que el ámbito está afectado por el ruido de la AP-9 y el aeropuerto y deberá incluir una zonificación acústica. Ya se sabe que este ámbito no cumple con el límite máximo de ruido por la noche y aunque se prevé poner árboles a modo de pantalla para reducirlo, la Consellería de Medio Ambiente considera que "la medida podría no ser suficiente".
La consellería alerta también de la altura de los edificios propuestos y su gran visibilidad por estar en una zona verde, por lo que exige un estudio de integración paisajística. Alerta de "contradicciones" sobre la edificabilidad exacta y sobre el aprovechamiento bajocubierta. El Concello deberá justificar el interés público de esta actuación y si es coherente con las Directrices de Ordenación do Territorio.
