La tramitación ambiental del traslado del 60% de las operaciones que realiza Repsol en el puerto interior a la dársena de Langosteira se acerca a la fecha límite sin garantías de que se cumpla la fecha previsto para la mudanza: antes del 14 de abril de 2018. El plazo de presentación de alegaciones al proyecto del poliducto se cerró la semana pasada y, a partir de aquí, la Consellería de Industria tendrá que remitir a Repsol todos los informes y propuestas recibidas para que las conteste y, si lo considera oportuno, las integre en el proyecto y en el estudio de impacto ambiental definitivos. Repsol asume que la "complejidad" del proyecto provocará retrasos en el traslado.

La Consellería de Industria recibirá la documentación de Repsol y se la entregará a la Consellería de Medio Ambiente, que será la encargada de emitir la Declaración de Impacto Ambiental, el paso previo a que Industria autorice administrativamente el proyecto junto a la Declaración de Utilidad Pública. Esta será la que abra la puerta a la siguiente fase, los trámites de expropiación y la solicitud de licencias. Según explican fuentes de Repsol, solo la documentación técnica del proyecto supera los 10.000 folios.

La empresa defiende que el proceso se ha dilatado "más de lo previsto inicialmente" por la complejidad administrativa, pero que, en cuanto obtenga todos los permisos, "pondrá todos los medios a su alcance para intentar recuperar en la medida de lo posible los plazos durante la ejecución de las obras".

La Autoridad Portuaria y Repsol firmaron el 14 de octubre de 2013 un acuerdo en el que acordaban el traslado de las descargas de graneles sólidos y de crudo de los muelles interiores a punta Langosteira. Esta mudanza supone que se mueva el 60% del total de las actividades que realiza la firma en la ciudad y, para ello, necesita construir un poliducto, que es el proceso que más está dilatando los trámites administrativos. En esta primera fase, Repsol invertirá 125 millones de euros y recibirá una compensación por la revisión de la concesión, de 23,9 millones. A pesar de que el convenio se firmó en 2013, la petición de traslado no fue inmediato. Repsol la presentó dos días antes de que se terminase el plazo para hacerlo.

En este convenio se recoge, además, que aunque el plazo marcado para finalizar esta primera fase del traslado, era abril de 2018, este proceso está "condicionado a la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarias tanto para las instalaciones del puerto exterior como en el poliducto que las une con la refinería, siempre y cuando los posibles retrasos no sean imputables a Repsol". El Plan de Empresa del Puerto recoge la previsión de iniciar, durante este año, los trámites para negociar el traslado del 40% restante de la actividad de Repsol en la ciudad. La empresa petrolera asegura que "existe una buena disposición y diligencia de todas las partes implicadas" en el traslado para llevarlo a cabo.