El Gobierno local plantea que los muelles de Calvo Sotelo y Batería, una vez que sean liberados de sus usos portuarios, puedan convertirse "en una prolongación de la ciudad dedicada a equipamiento dotacional público, a espacio libre y también a zonas verdes públicas". El alcalde, Xulio Ferreiro, adelantó ayer que la idea del Gobierno local es que en estos muelles se pueda construir un "Museo del Mar y de la Emigración" o "un centro de investigación" en el que el mar y su relación con la ciudad sean los protagonistas. Para Ferreiro, este edificio está llamado a ser "el mascarón de proa" de A Coruña.

"Esta ciudad merece contar con un museo del mar o con un centro de investigación dedicado al mar o que recuerde la memoria de la emigración que salió de nuestros puertos", explicó ayer Ferreiro, durante su discurso en el desayuno de Nueva Economía Fórum, que se celebró en el hotel Finisterre y en el que, además, planteó la intención del Gobierno local de dotar de más protagonismo a las zonas verdes en estos espacios recuperados para la ciudad, aunque sobre ellos todavía pese una condena de venta.

Habló ayer Ferreiro de la creación de una "alameda sobre el agua" y de ganar verde en estos terrenos para los que los convenios firmados en 2004 reservaban 53.533 metros cuadrados para usos institucionales y lucrativos terciarios, por lo que se podrían construir oficinas, hoteles y centros comerciales. "En la nueva ordenación de Calvo Sotelo y Batería deberíamos tener en cuenta la especial configuración de la zona y las necesidades potenciales de la ciudad en materia de serviciosCalvo Sotelo y Batería . Es necesario potenciar la rehabilitación de las estructuras que hoy existen, algunas de ellas catalogadas y en desuso, así como suprimir el aprovechamiento lucrativo privado, ajustando las alturas máximas de las nuevas edificaciones al entorno", dijo Ferreiro, que calificó como "ajustados a otro tiempo" los convenios de 2004, firmados por el entonces alcalde Francisco Vázquez, con los que se pretendía financiar parte del puerto exterior con la venta de los muelles desafectados.

Ferreiro incidió en la necesidad de que la ciudad gane espacios libres, ya que la ratio actual es de 7,8 metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica que tienen que ser "como mínimo diez o quince metros cuadrados".

Para el muelle de San Diego, Ferreiro expuso también ayer un proyecto muy alejado de la construcción de "miles de viviendas en edificios de hasta diez alturas", prevista en los convenios. Reivindicó ayer el regidor municipal la creación de un "Distrito del Mar", una zona dedicada a la innovación, a la actividad pesquera, pero también a la lonja y a la investigación.

"En este Distrito del Mar podríamos crear un entorno de impulso económico, centrado en sectores estratégicos en Galicia, como la pesca, la acuicultura sostenible, la industria transformadora, la tecnología naval y las energías renovables donde conviviesen centros tecnológicos, equipamientos de aprendizaje orientados a la ciencia, recursos para el emprendimiento, industrias inteligentes y actividades pesqueras, manteniendo las que ya existen y potenciándolas", relató Ferreiro en su discurso, en el que cargó contra la idea de llenar San Diego de edificios de viviendas y apostó por la "participación ciudadana" para diseñar la futura fachada marítima.

"Para el éxito de una iniciativa de estas características es imprescindible acertar en la coordinación y en su liderazgo", explicó Ferreiro, que abogó por que la lonja se convierta en "un mercado estratégico" para que el sector pesquero se aproveche de su ubicación y apostó por la importancia del ferrocarril y de la estación de San Diego, así como de su integración en la red metropolitana de transporte.

Escuchando al alcalde había representantes políticos, de la Universidad, de la Justicia, empresarios, vecinos y sindicalistas. A ellos se dirigió Ferreiro al querer pasar de la propuesta a la realidad y pidió compromiso a las administraciones implicadas en esta transformación de la fachada marítima.

"Sin ellas, difícilmente habrá espacios libres alrededor de un Museo del Mar y de la Emigración y tampoco será posible impulsar un Distrito del Mar exitoso sin la apuesta de los agentes económicos", dijo. Reivindicó la creación de un consorcio público liderado por el Concello en el que estén implicadas no solo las administraciones sino también sus presupuestos para que esté garantizada la titularidad pública de los terrenos portuarios.

"Hay que programar las modificaciones del plan general, señalando criterios de ordenación, plazos e instrumentos de desarrollo e, igualmente, planificar la modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de A Coruña, así como el plan especial del puerto", relató Ferreiro.

¿Cómo se conjugará la participación ciudadana con ese consorcio? El alcalde defendió ayer que "no hay que reducir" la consulta a la pregunta propuesta por la Comisión Aberta en Defensa do Común y que el proceso será más amplio. Esa pregunta es "¿está de acuerdo con la devolución gratuita al Concello de A Coruña para uso público de La Solana y el hotel Finisterre, cuando acabe la concesión en 2027, de todos los muelles, de la cárcel y de los terrenos del Campo da Estrada, y que Fomento asuma el coste íntegro y las deudas de la construcción del puerto exterior de punta Langosteira y sus conexiones?".

"En estos momentos estamos diseñando la posible consulta, lo que se aprobó en la moción plenaria que, entre otras, versaría sobre la pregunta propuesta por la comisión, estamos con los informes jurídicos sobre qué se puede preguntar, creo que un proceso de participación no se puede reducir a una consulta puntual y a una pregunta en concreto, es algo más amplio, que tiene que ver con la participación especializada, con distintos foros", comentó el alcalde.

Sobre la mesa puso Ferreiro unas "premisas básicas" para el diseño del litoral: "cero especulación, titularidad y gestión públicas, reconquista ciudadana del litoral y relanzamiento de los usos productivos en el puerto". Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria aceptan negociar con el Concello sin separarse de la premisa de que la venta de los terrenos desafectados debe sufragar parte de la deuda contraída por la construcción de la dársena exterior, aunque los precios actuales del suelo distan mucho de los presupuestados en 2004, cuando una eventual venta de los terrenos liberados se preveía que aportase 200 millones de euros.