La Mesa de la ría de O Burgo demanda tener voz y voto en la comisión ambiental, un órgano llamado a ser protagonista durante los trabajos de dragado, al ser el encargado de velar por que la actuación no dañe el ecosistema, tanto los bancos marisqueros como el resto de flora y fauna. El Ministerio de Medio Ambiente presenta esta comisión como una de las garantías de que el dragado no perjudicará a seres vivos y medio natural y tanto concellos como la plataforma y los mariscadores quieren tener allí representantes especializados, cuestión que ya habían avanzado en las alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental presentado en diciembre de 2015.
Medio Ambiente defiende, en una respuesta a En Marea en el Congreso Congreso, que hay garantías ambientales durante el dragado, ante las dudas de colectivos ecologistas, especialistas y mariscadores sobre la consecuencia del movimiento de fangos durante el proceso. El Ministerio indica que ha elaborado un "minucioso" Programa de Vigilancia Ambiental para "garantizar la protección efectiva del ecosistema". Entre las medidas de este programa, está la constitución de una "Comisión Ambiental" formada por las administraciones Competentes en esta materia "que asesorará a la Dirección técnica y al responsable del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA)".
Según el Estudio de impacto ambiental presentado en diciembre de 2015 para consulta, dicha comisión podrá realizar "revisiones ya aprobar las modificaciones" del programa, adoptándose las "medidas correctoras necesarias que aconseje en cada instante en función del resultado del PVA". Prevé reuniones "quincenales durante el tiempo de duración de las operaciones de vertido" y podrá proponer "la suspensión temporal del vertido" si los resultados del PVA "así lo aconsejan" con objeto de que "las zonas sensibles no queden afectadas por al actividad". "En caso de que se observen que las condiciones ambientales no varían sensiblemente en el tiempo o requieren de un seguimiento más exhaustivo podrá modificarse el periodo de reuniones de esta comisión", concluye.
Se trata de un documento inicial, por lo que tanto el Concello de A Coruña como el resto de municipios afectados, además de los miembros de la plataforma y otros interesados, pueden demandar cambios en el desarrollo de este y otros puntos. Respecto a la comisión, podrían expresar demandas sobre las competencias del órgano, los tiempos de su puesta en marcha y su funcionamiento regular, para ampliar sus facultades de control y también para diseñar su composición. Y es que el Estudio de Impacto Ambiental solo habla genéricamente de sus miembros -"estará formada por las administraciones competentes"- sin especificar qué tipo de personal estará en ella o si incluso dichas administraciones con derecho a participación pueden proponer a terceros especialistas en la materia.
Dentro de las alegaciones conjuntas de la mesa que agrupa a administraciones y colectivos implicados, el ente ya proponía tomar parte de una "comisión de seguimiento" en la que estén, además del Ministerio como órgano promotor, la Xunta, a través de las consellerías de Mar y Medio Ambiente, y las entidades presentes en la Mesa de la Ría: la Cofradía de Pescadores, los concellos de Cambre, A Coruña, Culleredo, Oleiros, la Plataforma en Defensa da Ría do Burgo y la Universidade da Coruña, así como "agentes sociales afectados por el dragado". Demandan que se constituya ya previamente a la licitación del proyecto y que trabaje "como mínimo" dos años después de terminado el Dragado. El Ministerio, en su respuesta en el Congreso, se ha comprometido a que el seguimiento se prolongará un trienio.
