Con el veredicto favorable de la Declaración de Impacto Ambiental en la mano, los colectivos e instituciones afectadas por la futura ejecución del dragado de la ría coruñesa se preguntan ahora cuánto se tardará en convocar el concurso, a partir de cuándo comenzarán las intervenciones en los 19 sectores de actuación determinados por el Ministerio y qué inversión total requerirán las obras, dado que los 7 millones de euros consignados hasta el año 2020 se alejan de los 46,3 que calculaba el proyecto redactado en 2015.

Estas preguntas no tienen respuestas por el momento. El departamento estatal de Medio Ambiente, a quien este periódico planteó ayer estas cuestiones, se remitió al dictamen ambiental publicado en el BOE y alegó que omite hacer valoraciones de las declaraciones de impacto por tratarse de documentos de carácter muy técnico.

Los ayuntamientos que convivirán con las máquinas encargadas de movilizar lodos, confinar fangos y retirar bivalvos y los mariscadores que faenan en el estuario deberán conformarse de momento con la programación de trabajos asociados al dragado de sedimentos que aparece en la Declaración de Impacto Ambiental, que no está acompañada de plazos.

Las actuaciones previas consistirán en instalar barreras antiturbidez para aislar sectores y construir recintos y protecciones que rodeen la draga, preparar la superficie y colocar geotubos e instalar una tubería de bombeo.

A continuación se comenzarán a dragar materiales a los recintos en los sectores interiores de la ría y luego se ampliará el canal desde aguas abajo hacia aguas arriba, para finalmente trasladar el material al punto de vertido. Después se recuperarán los fondos en zonas entre mareas y los bancos marisqueros de A Maruxa y O Caínzo.

Por último, los recintos laterales de confinamiento se integrarán en el paseo marítimo para uso recreativo o en espacios libres, lo que conllevará obras auxiliares como la construcción de un muro de mampostería hormigonada y el relleno y urbanización de recintos.

La fase ejecutiva que reunirá estos trabajos se vislumbra por ahora condicionada por su financiación, un coste cifrado en más de 46 millones de euros hace dos años en el proyecto del dragado de la ría de O Burgo. Entonces la previsión sobre la definición de todo el plan establecía el plazo en el mes de julio de 2016, ya con la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Este dictamen es el argumento en el que se ha apoyado Medio Ambiente para concretar costes, plazos y actuaciones, también a la espera de la participación de los ayuntamientos en el proyecto. Pero la declaración se demoró por encima de los tiempos estimados. No llegó a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental hasta el pasado 6 de junio, tras haberse iniciado el proceso con la solicitud de evaluación de impacto en octubre de 2013. Según los plazos marcados, la redacción final del dragado tras la autorización ambiental tendría que haberse concluido hace un año, cuando se consignó el primer millón en el presupuesto estatal.