El Consorcio Interuniversitario del Sistema Universitario de Galicia (CISUG) es una entidad todavía por crear, en la que cada una de las tres universidades gallegas tiene un 30% de cuota de representación y la Xunta el 10% restante y nace con el objetivo de que estas instituciones colaboren para mejorar la eficiencia del sistema, para fomentar la igualdad no solo en la comunidad universitaria sino también en la sociedad en general, para que las mujeres cobren mayor protagonismo, también en las técnicas desarrolladas para que los alumnos que hayan terminado sus estudios puedan acceder al mercado laboral, así como para introducir nuevos métodos informáticos para facilitar la gestión del día a día de las universidades y para realizar compras conjuntas que supongan un ahorro de fondos en las arcas de estas instituciones.

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) se reunirá hoy para aprobar la constitución de este consorcio, que viene recogido en la Ley de Universidades y que la Xunta defiende como una herramienta para mejorar la cooperación entre instituciones, así como un organismo que permitirá impartir más titulaciones compartidas, de modo que se racionalicen los gastos y se mejore el aprovechamiento de los recursos tanto materiales como humanos que atesoran las universidades. El anuncio de la puesta en marcha de este consorcio la hizo el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, en la explicación que dio en el Parlamento del Plan Galego de Financiamento Universitario para el periodo 2016-2020. Para entonces, el montante dedicado a este fin, unos 2.480 millones de euros, fue muy criticado por la oposición. Tanto el BNG como Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), en febrero de 2016, denunciaron una "reconversión" y una "privatización" del Sistema Universitario de Galicia.

El documento que recoge la propuesta de convenio, las universidades se comprometen a realizar aportaciones para facilitar el funcionamiento de este nuevo organismo, pero no solo tendrán que ser económicas, sino que el texto propone que puedan ser también "en especie" o "en compromiso de actuaciones" que puedan ser cuantificadas monetariamente.

Otro de los puntos que recogen los estatutos del convenio es el compromiso del consorcio de participar en el diseño y gestión de los procedimientos de acceso y admisión de los estudiantes a la Universidad mediante una fórmula colaborativa. Esta entidad tendrá que reunirse de manera ordinaria una vez cada seis meses y podrá suscribir convenios y solicitar ayudas para desarrollar en las universidades participantes.