El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha puesto del lado de una vecina que ha solicitado a la Autoridad Portuaria que le facilite los datos de los gastos y dietas de los consejeros de la entidad desde el 1 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2017. El órgano estatal insta al Puerto a que, en el plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del 2 de marzo, le entregue la información a esta usuaria y, que le envíe una copia al consejo, en aplicación de la ley de transparencia.
El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, como consejero del Puerto que ha renunciado a sus dietas ya que las reuniones son en horario laboral, solicitó en varias ocasiones que se le facilitasen los mismos datos, aunque la administración portuaria se los negó siempre. En la última reunión, la Abogacía del Estado, a la que el ente portuario había pedido opinión sobre la legalidad o no de desvelar los fines a los que habían a parar estos fondos públicos, se posicionó también del lado de Varela.
La Autoridad Portuaria alegó que la solicitud de esta vecina era igual a la que el representante del Concello en el consejo de administración había presentado en mayo de 2017 y que ella pertenecía a su mismo grupo político. Esta reclamación fue resuelta por el Consejo de Transparencia a favor de la demandante. "Cuando se trate de peticiones cuyo texto sea coincidente, habrá de tenerse en cuenta que, en ningún caso, la concurrencia de varios demandantes solicitando una misma información ha de considerarse reiterativa", explica en su fallo y asegura que "es obligatorio considerar a cada peticionario individualmente". El Consejo rechaza también que la Autoridad Portuaria no disponga de los datos, ya que en el Boletín Oficial del Estado sale publicado el importe total de las dietas por asistencias y reuniones. En 2016, la cifra ascendió a 29.915,20 euros, mientras que en 2015 fue de 38.889,76 euros, un 23% más que el año siguiente, cuando ya Varela no cobró en todo el ejercicio sus dietas.
"Dicho desglose debe estar reflejado en los documentos de control económico del organismo por lo que no requeriría de una labor de elaboración expresa y desproporcionada", argumenta el Consejo de Transparencia.
Contra esta decisión, la Autoridad Portuaria puede presentar un recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de Madrid en el plazo de dos meses. En su solicitud, esta vecina solicita saber "el importe de las dietas devengadas y abonadas" a los consejeros "identificando para cada uno de ellos el importe abonado, así como la fecha y el concepto correspondiente (dietas de asistencia, de desplazamiento, manutención etcétera)" entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017.
La solicitud fue desestimada por la Autoridad Portuaria "por silencio administrativo" pero ahora tanto la Abogacía del Estado como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instan a la entidad a desvelar a qué se destinaron -y quién percibió- los casi 30.000 euros de 2016 y los casi 39.000 de 2015.
