La sentencia considera anulado el acuerdo entre Concello y Albada con carácter retroactivo hasta el 1 de enero de 2011 y fija la cantidad reclamada a la concesionaria en 9,1 millones de euros, cantidad que se habría abonado hasta la presentación del recurso en 2015, aunque será necesario determinar si efectivamente fue esa la cifra entregada. Pero para que se pueda recuperar esa importante suma, el fallo judicial tendrá que ser firme, por lo que casi con total seguridad será necesario esperar a una resolución primero del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y, posteriormente, del Supremo. Pese a que en 2011 se anunció que se había llegado a un acuerdo con la empresa para restablecer su equilibrio económico, nunca se llegó a materializar en una resolución municipal, por lo que Albada presentó una reclamación judicial por valor de 32,5 millones de euros que se añade a los numerosos pleitos que enfrentan a ambas partes por la gestión de la planta de Nostián.
Las diferencias entre Concello y Albada llegan al punto de discrepar sobre la fecha en la que concluye la concesión, que puede ser 2019 si se tiene en cuenta la firma del contrato o 2020 e incluso 2021 si se parte de la inauguración oficial de las instalaciones.
