03 de abril de 2018
03.04.2018

Un juez ordena al Concello pagar 400.000 euros a la concesionaria del ascensor de San Pedro

El fallo obliga a ingresar el déficit que declaró la firma en 2014 y 2015, que ha de cubrir el Ayuntamiento por contrato y cuyo abono se frenó mientras se revisaban los números que presentaba la empresa

03.04.2018 | 09:01
El ascensor del Monte de San Pedro, de noche.

Una sentencia en primera instancia obliga al Concello a realizar el abono de 393.613,55 euros a la empresa concesionaria del ascensor del monte de San Pedro. Esta cantidad corresponde al déficit de los años 2014 y 2015, que debe ser cubierto por el Ayuntamiento por contrato pero que no se llegó a ingresar en estos dos ejercicios. El fallo judicial rechaza el argumento municipal de haber frenado el pago de las pérdidas mientras se resolvía la revisión de las cuentas, que detectó "graves irregularidades" en los números presentados por la adjudicataria. El fallo, que es recurrible, impone al Concello también el pago de intereses.

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña rechaza, en una sentencia del 1 de febrero, que la "inactividad" del Ayuntamiento respecto a la compensación de las pérdidas a Miramar de San Pedro SL de 2014 y 2015 esté justificada. El Concello coruñés argumentó ante el magistrado que el abono debía ser retenido de manera procedente al haberse detectado que la contratista incurrió en irregularidades en el sistema de facturación de los años 2010, 2011 y 2012, lo que motivó un procedimiento de investigación que ha finalizado con la reclamación a la sociedad de 603.090 euros por diferentes desfases.

Miramar de San Pedro SL se hizo con el servicio de ascensor en 2005. El contrato estipulaba que construiría y explotaría la cafetería-restaurante del monte y que prestaría los servicios de vigilancia, limpieza y funcionamiento de las instalaciones municipales del elevador panorámico. Los pliegos preveían que el déficit de explotación resultante y acreditado sería cubierto, al final de cada año, por el Concello, lo que se hizo con normalidad hasta los años 2013, 2014 y 2015. Fue a principios de 2014 cuando el Gobierno del Partido Popular frenó los pagos y exigió a la empresa una mejor justificación de los mismos.

El importe de 2013 se abonó tras modificar la contabilidad. En medio de la investigación, cambió el gobierno en el Palacio de María Pita. El jefe de servicio de Medio Ambiente realizó una nueva propuesta de pago del ejercicio de 2014 en junio de 2016 a la junta de gobierno, pero esta no se pronunció, según recoge la reciente sentencia judicial. Posteriormente, el enero de 2017, la junta de gobierno rechazó el pago de 2015, al entender que no procedía el ingreso hasta que se resolviera la revisión de oficio y el reintegro que el Concello le iba a reclamar a Miramar por los supuestos desfases en el déficit de 2010 a 2012.

Según figura en el fallo del Contencioso-administrativo, los letrados municipales no negaron la deuda, sino que justificaron la retención hasta la resolución de la revisión, que concluyó, según el Concello, que la empresa había incurrido en "graves irregularidades" a la hora de demostrar su déficit. El magistrado indica, en primer lugar, que no queda justificada la suspensión, puesto que la revisión de oficio se refiere al déficit de 2010 a 2012, y que además, la revisión de oficio no consta en la legislación como causa de un embargo o retención.

ANOMALÍAS Y EXCESOS

El déficit de los siete primeros años de vida del ascensor, entre 2007 y 2013, costó al Concello 2,38 millones de euros. La compensación de pérdidas fue aprobada sin objeciones hasta ese último año, cuando el Ejecutivo del PP inició una revisión económica concluida por Marea Atlántica. La concesionaria acabó por acatar una rebaja en la compensación por las pérdidas. Anomalías contables, excesos de facturación por limpieza y gastos desproporcionados, han llevado a reclamarle más de 600.000 euros por los años 2010, 2011 y 2012.

En abril de 2015, la concejala popular Rosa Gallego remitió a Medio Ambiente un escrito en el que exponía, entre otras cuestiones, que Miramar había declarado el pago de 202.457 euros a la empresa de limpieza Rúa Real Coruña cuando la cifra de negocio total declarada por esta firma en 2013 había sido de solo 182.235 euros. El Concello censuró también que la empresa determinase un precio por hora de trabajo de vigilancia y limpieza "sin ningún tipo de fundamento". A los 18 euros por hora en vigilancia facturados por la empresa el Concello contrapuso los 12-13 que pagaba por estos servicios en dependencias municipales; a los 19,5 de limpieza, los 11-13 contratados por el Concello por conceptos similares.

Tampoco se dieron por acreditadas las horas de limpieza declaradas para el ascensor y el mirador: ocho horas diarias durante 350 jornadas. El Gobierno actual ordenó, en febrero de 2016, confeccionar unas nuevas cuentas rebajando las horas de limpieza de ocho a dos y el pago por horas de 19,5 a 12,93. El déficit de 2013 se redujo a la mitad. Con el mismo criterio, se elaboraron las cuentas de 2014 pero el pago nunca llegó a ser ratificado. El de 2015 fue rechazado a la espera de la revisión de oficio. El juez ordena desatascar ambos.

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