El Concello revisará de oficio la compra de dos de los seis pisos adquiridos para alquiler social. Un informe de la asesoría jurídica concluye que la compra de uno de ellos, con categoría de oficina, debe declararse nula porque incumple la altura mínima exigida por la normativa de accesibilidad para regularizarse como vivienda. Respecto al otro inmueble, se sometió a la Inspección Técnica de Edificios, como exigía la convocatoria, pero con dictamen desfavorable. El salón de plenos acoge mañana una sesión extraordinaria monográfica sobre este concurso, forzada por el PP entre críticas por la resolución del proceso.
La directora de la asesoría jurídica, cargo nombrado por el Gobierno local, dirigió la investigación por encargo del edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, dentro del compromiso adquirido con el resto de grupos, en la comisión que tuvo que convocar el Ejecutivo tras la presión de la oposición para que aclarase las posibles irregularidades del proceso.
El informe analiza los 2.000 folios del concurso y sentencia que las actuaciones de la comisión de valoración, compuesta en exclusiva por funcionarios, no tuvieron "errores", y fueron "correctas pero insuficientes, adecuadas a las bases pero incompletas, porque no se llevó a cabo una verificación exhaustiva de cumplimiento" de los inmuebles comprados "de todas y cada una de las condiciones de aptitud y técnicas que se exigían para su adquisición".
El informe detecta anomalías -"en escasas ocasiones"- entre los pisos que finalmente fueron adquiridos, seis de 45 ofertas, por un total de 382.867 euros de los 1,3 millones consignados. La asesoría jurídica incide en que la "indefinición de las bases en un punto que se ha manifestado como esencial en el análisis del expediente, ha provocado que se haya omitido en la fase de instrucción, comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las características técnicas", que tuvieron que ser realizadas a posteriori "por encargo" de la letrada, que descarta irregularidades en el primer paso del concurso: la admisión y exclusión de ofertas.
En virtud del análisis, el primero de los edificios que se someterá a revisión de oficio es el piso de la calle Joaquín Martín Martínez, uno de los focos de críticas de la oposición, que denunció que pertenecía a un firmante fundacional de Marea y al que se le compraron en este concurso esta y otra vivienda, en la calle Santander, en la que la asesoría jurídica aprecia otra incidencia pero sin considerarla causa de nulidad.
Esta propiedad estaba inscrita como oficina, aunque se destinaba a vivienda, uso que se ha demostrado ilegal en el transcurso de la investigación y que convierte su compra en inviable, según la asesoría jurídica. Por ese motivo aconsejó someterla a revisión de oficio por incurrir en causa de nulidad. Y es que, según constató, la altura del inmueble (2,4 metros) impide su legalización como vivienda, al no tener los 2,5 metros de altura que exige la norma de accesibilidad y habitabilidad. Aunque se realizasen obras, solo podría alcanzar "2,47/2,48 metros". Por tanto, aunque el PGOM permitiría en esta zona la regularización del uso residencia, no puede hacerse por tres centímetros de altura.
Este trámite de regularización fue iniciado tras la compra por Rexeneración Urbana. La letrada avala que pasase la primera criba, al estar sometido a una norma zonal del PGOM que no restringe el cambio de uso, pero cree que su regularización debería haberse hecho antes de su adquisición, así como la comprobación de que cumplía los requisitos de accesibilidad y habitabilidad.
La asesoría jurídica insiste en que la fase de verificación se centró en el estado de los inmuebles y si había que realizar obras, pero se olvidó de comprobaciones como "el cumplimiento de superficie útil", el tamaño de dormitorios o las ventanas hacia la calle y otros temas, que solo contaban con la "declaración responsable" del ofertante.
El informe jurídico cuestiona si puede existir causa de nulidad en la compra de otro de los seis pisos. Finalmente el Gobierno local ha decidido que también lo someterá a revisión. Está en la calle Barrera y el inmueble en el que se ubica tiene más de 50 años, por lo que las bases exigían que se hubiese sometido a la Inspección Técnica de Edificios (ITE). El ITE existe pero el resultado fue desfavorable. Como toda revisión de oficio, ambos casos tendrán que pasar por el Consello Consultivo. El PP y el PSOE habían propuesto que este órgano analizase íntegro el expediente.
La investigación detectó más incongruencias entre los edificios comprados y los requisitos de las bases, aunque considera que carecen de "entidad suficiente" para considerarlas actos nulos y poder someterlos a revisión de oficio, dada la jurisprudencia de los tribunales y del Consultivo "sobre el alcance de la revisión de oficio de los actos administrativos". ¿Cuáles son estos incumplimientos? Uno afecta también al inmueble de Joaquín Martín Martínez, puesto que constata que el dormitorio principal no alcanza el mínimo exigido de 8 metros cuadrados (7,53). El informe dice que, según los técnicos, se corregiría con obras por 750 euros. Un caso similar es un piso en la calle Fe, con dormitorio no principal de 5,35 metros cuadrados (deben ser seis). También ve sin "entidad suficiente" para ser causa de nulidad que dos pisos, el de la calle Santander y el de la Barrera, incumplan la exigencia de que al menos dos de sus cuartos principales tengan hueco de luz a la calle. En ambos casos "existe ventana al patio", alega.
