El protocolo firmado el pasado miércoles entre el presidente de la Xunta y el ministro de Fomento, al que se sumaron los presidentes de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria coruñesa, consolida los convenios suscritos en 2004 para la financiación del puerto exterior, ya que a lo largo de sus disposiciones alude a la necesidad de que se respete su contenido. En esos acuerdos -sobre cuya revisión se han pronunciado a favor Marea Atlántica, PSOE y BNG en reiteradas ocasiones- figura la venta del muelle de San Diego como un activo de carácter inmobiliario indispensable para obtener los fondos necesarios para costear las obras de punta Langosteira.

El documento, cuyo acceso fue negado a este periódico por todas las administraciones que lo firmaron y que el Concello hizo público en su web, incluye un borrador de convenio que desarrolla las propuestas del protocolo. En relación con el cumplimiento del convenio, una de sus disposiciones advierte de que los firmantes reconocen "la vigencia y aplicabilidad" de los acuerdos de 2004, en especial en lo que se refiere a que en los terrenos que entonces se decidió vender no se autorice la "ordenación urbanística acordada".

Para el muelle de San Diego se estableció en aquellos textos, que a su vez se trasladaron al plan general de 2013, que estos terrenos tendrían uso residencial (unas 4.000 viviendas), comercial y de servicios. La cláusula sexta de los convenios de 2004 señala que en caso de que Xunta o Concello no aprueben esas condiciones urbanísticas, deberán indemnizar a la Autoridad Portuaria por la imposibilidad de obtener los recursos necesarios para financiar el puerto exterior. El plan de empresa de la Autoridad Portuaria prevé que la venta del muelle de San Diego le proporcione unos ingresos de 176,5 millones de euros, que serían aportados por empresas interesadas en desarrollar proyectos inmobiliarios.

El protocolo firmado el miércoles fija como su principal objetivo que el Puerto coruñés disponga de 30 millones de euros el 31 de diciembre de 2020. La razón es que al año siguiente concluye el periodo de carencia de diez años con que cuenta el crédito que le proporcionó Puertos del Estado por un montante de 200 millones, de forma que deberá pagarlo a partir de 2021.

Para obtener esa suma, la Autoridad Portuaria se compromete en primer lugar a subastar el hotel Finisterre, que inicialmente fue tasado en 3,6 millones, ya que La Solana lo sería por 1,4 millones. Al tratar el Concello de adquirir la instalación deportiva, la arrendataria del hotel, Inmobiliaria Río Mero, firmó un acuerdo con el Puerto en el que se comprometía a ofertar 10 millones por ambas instalaciones y 5,7 si se trataba solo del Finisterre. El acuerdo entre Xunta y Fomento impide la compra de La Solana por el Concello y mantiene la propiedad pública del complejo, así como su uso por los clientes del hotel, de forma que Río Mero deberá redefinir su propuesta.

Otro de los compromisos que adquiere el Puerto es la compra del 51% de la propiedad de los muelles de Calvo Sotelo y Batería, cuyo precio tendrá que ser determinado mediante una tasación independiente. Pese a que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mencionó en varias ocasiones el pasado miércoles durante la firma del protocolo que la aportación económica de la administración gallega sería como máximo de 20 millones, el protocolo no contiene en ninguno de sus apartados una valoración de esos terrenos.

El 49% restante de los dos muelles quedaría en poder de la Autoridad Portuaria, que podría vendérselo total o parcialmente al Concello y la Diputación, aunque esta última ya ha rechazado la oferta. La administración de esa propiedad compartida se efectuaría mediante un condominio, aunque si el Puerto se quedase con menos del 10%, se constituiría una empresa pública.

En caso de que con los fondos obtenidos por la venta del Finisterre y los dos muelles no se recaudasen los treinta millones que el Puerto precisa obtener en 2020, la Xunta se compromete a aportar la cantidad necesaria mediante la adjudicación directa de edificabilidad en el muelle de San Diego. Para ello se recurrirá a un "contrato de compraventa de cosa futura", ya que esos terrenos no quedarán desocupados hasta 2027.

Esa cláusula hace imposible saber qué superficie tendrá la administración autonómica en San Diego e incluso si llegará a tenerla, puesto que si el Puerto consigue los 30 millones con las otras ventas, no precisará más intervención de la Xunta. El muelle quedaría así destinado íntegramente al sector inmobiliario, puesto que ni el protocolo ni el convenio hacen mención a que mantendrá su carácter público.

El protocolo da, no obstante, la posibilidad a cualquier administración u organismo público de comprar suelo en San Diego mediante el mismo sistema que la Xunta, aunque es improbable que lo hagan a la vista de los posicionamientos de Concello y Diputación. En cuanto a Calvo Sotelo y la Batería, al mantenerse los acuerdos de 2004, su uso será el terciario, que incluye hoteles, centros comerciales y edificios de oficinas.

El Ministerio de Fomento y Puertos del Estado se comprometen por su parte a desafectar este mismo año del uso portuario los terrenos de los muelles de Batería y Calvo, así como a hacer lo mismo en San Diego a medida que terminen las concesiones vigentes. El organismo portuario estatal también se encargará de financiar la construcción del enlace ferroviario del puerto exterior mediante un acuerdo con Adif y que supondrá una inversión de 140 millones de euros.

La parte del protocolo que se refiere a la Autoridad Portuaria le obliga a mantener La Solana como un bien patrimonial de su propiedad y "con idénticos fines que los que desarrollan en la actualidad", lo que hará imposible su compra por el Concello, que pretendía incorporar el recinto a su red de instalaciones deportivas una vez que termine la actual concesión, prevista para 2027. También será una de las obligaciones del Puerto la continuación del proceso de venta del hotel Finisterre, en la que se incluirá el derecho de uso de La Solana por la entidad que lo adquiera. El plazo máximo para que esta operación se haga efectiva es el 31 de diciembre de 2019.

Esa misma fecha es la fijada para que sea efectiva la compra de edificabilidad por parte de la Xunta en el muelle de San Diego en caso de que sea necesario para completar los 30 millones que precisa el Puerto.

El convenio que como borrador figura añadido al protocolo establece que su duración será de cuatro años que serán prorrogables de forma automática por plazos de un año, salvo que alguna de las instituciones firmantes lo denuncie con una antelación de seis meses.