El comité de empresa de la planta de tratamiento de residuos propone al Concello que recupere la concesión de Nostián, una idea que el Gobierno local ve "inviable jurídicamente". Los trabajadores defienden que, si la empresa es rentable, sería mejor que fuese gestionada por el Concello y no por una empresa privada, para que los beneficios acabasen en las arcas municipales y no en las de una firma privada.
La concejal de Medio Ambiente, María García, y los miembros del comité de empresa mantuvieron ayer una reunión ya que los trabajadores y la adjudicataria de la concesión, la Unión Temporal de Empresas Albada, del grupo Urbaser, se encuentran en plena negociación del convenio colectivo y sus posiciones son completamente contrapuestas.
La plantilla solicita una subida salarial del 3% y la recuperación de la paga extraordinaria que la empresa le retiró en el contexto de la crisis económica. Los trabajadores defienden que, actualmente, solo están pidiendo la recuperación de los derechos que perdieron desde 2012.
La empresa ha replicado ya con una propuesta de rebaja de los costes salariales en 600.000 euros, lo que implica la reducción de cada uno de los sueldos en aproximadamente 6.500 euros al año, según los sindicatos, o bien el despido de parte de los trabajadores. Fuentes de Albada aseguran que la rebaja de los costes laborales de 600.000 euros no es negociable y se basa en que ha recibido sentencias judiciales contrarias a sus intereses, así como en que la producción bajará con la salida de Arteixo de la planta.Arteixo
El Ayuntamiento niega una caída en la producción de la planta y advierte de que lleva tiempo trabajando con el Concello de Arteixo para que este "continúe con la gestión de sus residuos en Nostián, como volvió a confirmar hoy [por ayer] el concello vecino. "El contrato -argumentó el Gobierno local- garantiza a Albada sus ingresos, ya que establece que, en el caso de reducirse la cantidad de residuos entrantes, los concellos aumentarían su canon para compensar las pérdidas".
Empresa y trabajadores se reunirán el día 10 otra vez, en la que será la tercera reunión para hablar sobre el convenio colectivo. Los sindicatos prevén que se romperán las conversaciones enseguida porque las posiciones están totalmente alejadas y que tendrán, como en ocasiones anteriores, que hacer movilizaciones para presionar a la empresa.
El Gobierno local se posiciona a favor de los trabajadores y afirma que no puede "admitir ninguna determinación de Albada que conlleve una reducción de salarios o de personal, ya que no hubo ningún cambio en las condiciones de la planta". El Gobierno local considera que esta situación es "fruto de una mala gestión acumulada durante décadas" y que se está resolviendo en los tribunales, aunque estos pleitos se podrían "haber evitado"; así como por que se le ha exigido a la concesionaria "el cumplimiento estricto de sus obligaciones ambientales, como acometer el sellado del vertedero o incrementar el material reciclado". Desde Medio Ambiente creen que la empresa está "empleando la vía de la presión" sobre las condiciones laborales de los trabajadores, que están garantizadas en el contrato.
