El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer una moción para que tanto la Xunta como Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria dejen en suspenso el acuerdo que presentaron el 18 de abril sobre los terrenos de Batería, Calvo Sotelo y La Solana y que se sumen al debate del protocolo aprobado en el pleno del Concello. Fue un texto presentado por Marea Atlántica y apoyado por PSdeG-PSOE, BNG, Compostela Aberta, Alternativa dos Veciños y el grupo promotor de la iniciativa.

Solo los diputados del PP votaron en contra de esta moción, que se presentó de urgencia, y formularon otra alternativa en la que solicitaban exactamente lo contrario a lo aprobado, es decir, que sea la Diputación la que se sume al convenio del 18 de abril. Obviamente, la moción fue rechazada.

El presidente de la Diputación, el socialista Valentín González Formoso, defendió ayer que la entidad provincial no se sumará a ninguna iniciativa para decidir los usos que deben tener los terrenos portuarios liberados de su actividad, ya que considera que es una labor que compete a los vecinos y a sus representantes municipales, aunque incidió en que colaborará, como con otros concellos, "a la hora de financiar infraestructuras", una vez que esos usos estén definidos.

"La Diputación no participará en la determinación de los usos porque no le compete. Si en esos terrenos va a haber un edificio de cientos de viviendas o un museo sobre la historia marítima de la ciudad es una decisión que le compete al Concello, no a la Diputación", comentó González Formoso.

En el convenio de la Xunta, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria se recoge el compromiso del Ministerio de Fomento para financiar con 140 millones la construcción de la conexión ferroviaria del puerto exterior siempre y cuando la Xunta adquiera el 51% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo y recoge también la venta del muelle de San Diego para costear los gastos derivados de la construcción del puerto exterior.

La Diputación, como el Concello, se opone a esta operación inmobiliaria y defiende que la Autoridad Portuaria tiene capacidad de generar ingresos de otros modos para financiar la obra de Langosteira, algo que hizo ya, por ejemplo, "el Puerto de Bilbao".

La moción que se votó finalmente en el pleno de la Diputación tuvo un largo periodo de negociaciones y movimiento de párrafos. Marea Atlántica quería que fuese una declaración institucional, aunque esa posibilidad se cayó enseguida de las apuestas, ya que el PP no iba a votar a favor del texto y es necesario el acuerdo de todos los partidos para ejecutar esa fórmula. Tampoco fue posible que la moción fuese conjunta, de modo que, el diputado de Marea Atlántica y concejal de Mobilidade Sostible en A Coruña, Daniel Díaz Grandío, presentó la propuesta de su partido.

Así, el texto que se aprobó no era el que Marea Atlántica había pensado ya que, el punto dos, el que apelaba a la Diputación a "debatir el protocolo de colaboración propuesto por el Concello para la gestión de los terrenos portuarios" no se incluyó en la redacción final. Antes se había caído ya un párrafo en el que se acusaba a la Xunta de deslealtad. A pesar de que no estaba en el acuerdo, tanto Díaz Grandío como Manuel Dios, de Compostela Aberta, pronunciaron en varias ocasiones la palabra "deslealtad". González Formoso utilizó también un tono crítico con la actuación de la Xunta, Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria. También lo empleó el portavoz del BNG, Xosé Regueira.

El tercer punto de la moción que, según fuentes cercanas a la Diputación, el PSOE quería retirar del texto pero que, finalmente, se mantuvo, insta al Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado a "impulsar y financiar la conexión ferroviaria" de Langosteira y al conjunto de las administraciones a "incrementar los esfuerzos en su plena operatividad, conectividad y promoción internacionales" y al Gobierno del Estado a que esta inversión se refleje "de forma concreta y suficiente en los presupuestos" para este año.

"No tiene sentido comprar lo que ya es nuestro", defendió ayer en su intervención el portavoz de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, que cree que, si finalmente se materializa la opción de edificar en San Diego, los barrios de Os Castros y A Gaiteira se convertirán en "el patio trasero de la fachada marítima". El PP se quedó solo. Rosa Gallego defendió que el acuerdo de la Xunta con Fomento "no excluye a nadie" e invita "a la participación". "Lo único que busca Ferreiro es confundir a la gente y tener una foto", dijo la diputada, quien asegura que, una vez definidos los usos, sí se podrán modificar los convenios de 2004 que, sin embargo, están incorporados al borrador de pacto enviado por la Xunta.