La reunión de todas las partes implicadas en el ofimático se saldó ayer con una duda parece que aclarada y otra que queda en el aire. Por un lado, tras conocer los trámites iniciados y por hacer y los compromisos de las administraciones y Fenosa, los cooperativistas confían en que, al fin, podrán tener sus licencias de primera ocupación (LPO) para julio. Por otro lado, los promotores advirtieron de que, si el Concello no urbaniza el resto del ámbito, esas licencias de primera ocupación son "absolutamente endebles jurídicamente". La Xunta y los promotores sugirieron redactar y firmar una adenda al protocolo que firmaron en agosto de 2016 para fijar plazos y dar "garantías". El Gobierno local señala que lo estudiará y se comprometió a tener listo en tres meses el proyecto de urbanización para licitarlo. Cree que los promotores están lanzando una "amenaza" sobre las LPO y pide a la conselleira de Vivenda, Éthel Vázquez, que se pronuncie al respecto.
El encuentro fue convocado por Vázquez y a él acudieron las cooperativas, representantes de Fenosa, del Concello con el edil Xiao Varela al frente y la asociación de promotores, que rechazan que estén profiriendo una "amenaza" contra las LPO de los cooperativistas, sino que llevan mucho tiempo advirtiendo "de palabra y por escrito" que hay que completar la urbanización, según el protocolo firmado en 2016. En él, se dividía la obra de urbanización en dos fases. La primera, con las actuaciones urgentes para que los cooperativistas pudieran tener servicios para poder entrar a vivir. La segunda, de mayor entidad, completaría el ámbito. El gerente de la asociación de promotores, Juan Yáñez, que afirma que ellos quieren que el ámbito salga adelante como demostraron firmando el protocolo para buscar una solución para "esa pobre gente" [cooperativistas].
En el protocolo figuraba un calendario en el que las actuaciones, incluido el cambio del plan parcial, estarían rematadas en 2017. La addenda propuesta pretende, según la Xunta, "adaptar el protocolo" de 2016 para "recuperar un marco estable sobre el que avanzar, que permita rapidez en las licencias y garantías para el desarrollo de resto del ámbito". La Xunta defiende, como propietaria del ámbito, su "derecho a tener información precisa".
El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, señala que se ha comprometido a valorarla pero insiste en que niega que no se hayan ofrecido plazos concretos ya que están avanzando en el proyecto de urbanización de las obras que restan. Estima que estará en tres meses y que no ha sido contratado "por estar pendiente conocer la afección" de la ampliación de Alfonso Molina.
Una vez listo, se licitará la obra, con una cuestión en el aire, que están paradas las cuotas que tienen que asumir los promotores y a la Xunta. En febrero se inició la tramitación del cambio del plan parcial, otro de los pasos del protocolo, y el PGOM. Todo conforma una situación muy delicada jurídicamente, con la intervención de muchos factores, como resolver los derechos de Adif en el ámbito.
Varela señala que hay "pérdida de confianza" en la asociación de promotores después de que estos enviasen cartas al concello, "advirtiendo de responsabilidades penales a funcionarios y personal en caso de conceder las LPO". El edil dijo tener la "intuición" de que "detrás de la amenaza" está la lucha de "dos modelos inmobiliarios diferentes". Afirmó que la licencia del edificio de vivienda protegida de la Xunta está pendiente del visto bueno de Seguridad Aeronáutica (Fomento).
