El informe elaborado por la Policía Local sobre los incidentes del 23 de mayo en la Comandancia de Obras para impedir la entrada de los okupas hizo posible que la Policía Nacional denunciase a cinco personas. Así lo reconoció ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, quien admitió esta contradicción con el comunicado elaborado por el Gobierno local el pasado miércoles, en el que se afirmaba que las diligencias del cuerpo municipal no identificaban a ninguna persona.

"La Policía Local, si hay hechos delictivos en su informe, los comunica al juzgado", señala Ferreiro, que asegura que el Gobierno local no mantiene "ninguna injerencia en la actividad reglada y legal de la Policía municipal" y que, "cuando el caso se judicializa, "la Policía Local pierde control en el asunto". Fuentes judiciales detallaron que en el atestado del 091 figuran como implicados el bombero Roberto Rivas, conocido por oponerse a un desahucio, y otras cuatro personas, dos de las cuales fueron detenidas y una ingresada en prisión. La defensa no descarta nuevas detenciones.

"Seguramente no fuimos todo lo precisos que hubiésemos querido ser", declaró Ferreiro, quien explicó que la intención del Ejecutivo era decir que "no hubo diligencia formal de identificación en el momento de los incidentes", aunque en el informe de la Policía Local "aparece alguna persona que no se identificó formalmente en el momento". El regidor lo atribuyó a los "momentos tensos, de nerviosismo" generados por los sucesos, que han derivado en "amenazas" e "incidentes desagradables" hacia miembros del Gobierno local.