La Declaración de Impacto Ambiental de la ría cumple un año sin avances para el dragado. Está pendiente aún la publicación del proyecto definitivo, que será el que guíe las obras y permita la licitación de los trabajos. El Gobierno de Mariano Rajoy dejó presupuestados 24 millones de los 46 que son necesarios para el plan. Nunca aclaró de dónde saldría el resto de la inversión necesaria pero en múltiples respuestas parlamentarias el propio Ejecutivo del PP, ahora fuera de La Moncloa, dejó escrito que habría que alcanzar un acuerdo con el resto de administraciones para su financiación. La línea del nuevo Gobierno, el de Pedro Sánchez, es la misma. El Ministerio de Transición Ecológica, que es el que ha heredado el proyecto, explicó ayer a este periódico que queda pendiente "concretar" la "cofinanciación" del proyecto con los ayuntamientos afectados y la Xunta de Galicia.

La ría de O Burgo se enfrenta ahora a dos posibles futuros. Uno, el del acuerdo de financiación entre administraciones. Dos, el de convertirse en un arma arrojadiza política que paralice la inversión y condene de nuevo a las aguas de O Burgo a la contaminación y al olvido. Tras siete años de Gobierno de Mariano Rajoy, la ya ex conselleira de Medio Ambiente y candidata popular a la Alcaldía de A Coruña, Beatriz Mato, dejaba exclusivamente en manos de Pedro Sánchez la financiación de la obra, en contra de lo que su partido afirmó en varias ocasiones desde el Ministerio de Medio Ambiente. "Buena pregunta, pregúntele usted a Pedro Sánchez", señaló la pasada semana cuando fue interrogada por la sustancial diferencia entre lo que dejó presupuestado el Gobierno central del Partido Popular y lo que realmente cuesta el dragado, casi el doble, que se dejó sin concretar. Aseguró que sus exigencias al Estado no habían cambiado con la mudanza en La Moncloa, tras apoyar una proposición no de ley del BNG en el Parlamento de Galicia para instar a ejecutar el dragado. En la misma iniciativa, se solicitaban la inclusión en los presupuestos estatales de los 22 millones en el aire.

Lo cierto es que, aunque nunca se anunciase un acuerdo al respecto, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente siempre ha tenido intención de que la actuación, muy costosa, tuviese aportación del resto de administraciones. Quedó por escrito en numerosas respuestas parlamentarias o institucionales. Por ejemplo, en julio de 2014, contestaron a la diputada del BNG en el Congreso, Rosana Pérez, que "una vez concluya dicha tramitación, se acordará con las administraciones involucradas el proyecto de regeneración de la ría, y el sistema de financiación para llevar a cabo la obra". Otro ejemplo. En agosto de 2015, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, replicó a un requerimiento de la conselleira de Infraestruturas, Éthel Vázquez, para que se incluyese una partida en los presupuestos de 2016. El secretario de Estado le explicaba que, una vez que el proyecto determinase el coste "real" del dragado, sería entonces cuando Gobierno, Xunta y los cuatro concellos de la ría (A Coruña, Cambre, Culleredo y Oleiros) deberían "alcanzar acuerdos para su financiación" como paso previo a la licitación.

A pesar de dichas declaraciones de sus compañeros en Madrid, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo nunca ha comprometido una financiación concreta y ha sostenido que su participación con la limpieza de la ría pasa por actuaciones en el saneamiento el sifón y el tanque de tormentas, recientemente inaugurado, que eliminan puntos de vertido. En febrero, tras una iniciativa parlamentaria del PSOE, la Consellería de Medio Ambiente aseguró que se constituiría una comisión con representantes de todas las administraciones implicadas una vez se hubiese alcanzado un acuerdo sobre cómo se costearán los trabajos.

En esa iniciativa parlamentaria, el diputado socialista Juan Díaz Villoslada, cuando el PSOE aún era oposición en las Cortes Generales del Estado, reclamaba a las dos administraciones populares que se pusiesen de acuerdo para poder licitar el proyecto que, tal y como están los plazos, parece que no podrá iniciarse al menos hasta 2020.