La Junta de Gobierno Local aprobará mañana una modificación de la concesión que la empresa Miramar de San Pedro explota el restaurante, el mirador y el ascensor situado en el monte del mismo nombre y cuyo objetivo es incrementar el control de la gestión económica del contrato. Los nuevos responsables de la compañía desde el mes de marzo -el restaurador Luis Veira y el empresario José Blanco Castiñeira, propietarios del restaurante Árbore da Veira en el mismo recinto- aceptaron la propuesta municipal tras optar por no presentar alegaciones a las nuevas condiciones que figurarán en el contrato y enviar un escrito en el que expresan su acuerdo con ellas.

El objetivo de esta variación es evitar que vuelva a producirse un déficit excesivo en la gestión de la concesión, como el que se produjo entre los años 2010 y 2012 según la revisión de las cuentas elaborada por el Concello, que exige a los anteriores responsables de la empresa la devolución de 603.090 euros. El contrato por la explotación del restaurante incluye también la gestión del ascensor panorámico y del mirador, de los que la concesionaria debe encargarse de su vigilancia, limpieza y mantenimiento, aunque en caso de que el resultado económico sea deficitario, el Ayuntamiento resarcirá a la empresa.

De acuerdo con las nuevas condiciones del contrato, Miramar de San Pedro presentará a partir de ahora cada trimestre -en lugar de cada año- la documentación necesaria para justificar los gastos efectuados durante ese periodo para hacer frente a sus obligaciones en la concesión, a los que tendrá que sumar un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial. A esa cantidad también tendrá que sumar los ingresos obtenidos por la explotación del ascensor -la entrada al mirador es gratuita- y si el resultado económico fuera positivo, deberá ser entregado al Concello, que sufragará el déficit en caso contrario.

La información que proporcione la concesionaria tendrá que detallar las actividades realizadas y su coste, además del desglose de los gastos efectuados. Todos estos datos deberán estar en poder del Concello antes de que transcurran quince días desde la conclusión del trimestre y entre ellos tendrán que figurar los impresos que contienen la relación de trabajadores contratados, las copias de las nóminas, las facturas y todos aquellos que demuestren los gastos llevados a cabo.

Si la empresa opta por subcontratar alguno o todos los servicios que debe prestar en las instalaciones, estará obligada a justificar la conveniencia de hacerlo y a solicitar presupuesto a tres empresas del sector. También se impone como condición que las subcontratadas estén vinculadas con la concesionaria, una situación que ya ocurrió con el anterior titular del contrato, que contrató a empresas con las que estaba relacionado para cumplir con las obligaciones de la concesión.

Una última modificación que se introducirá en el contrato es la de incluir a cargo del concesionario el abono de 3.000 euros en la cuenta de explotación del ascensor en concepto de compensación por el beneficio que su explotación generará en la gestión del restaurante. En el documento se advierte además de que el falseamiento de los datos aportados por la empresa "será causa de extinción de la concesión sin previa indemnización al concesionario".

El Gobierno local del Partido Popular inició en 2014 una investigación sobre las cuentas presentadas por Miramar de San Pedro, que obtuvo la concesión en 2005, y después fue continuada por el de Marea Atlántica. Entre 2007 y 2013 el Concello tuvo que compensar a la empresa con 2,38 millones de euros por las pérdidas que justificó con la documentación presentada.

La revisión municipal se efectuó sobre los resultados de 2010, 2011y 2012, en los que se apreciaron importantes irregularidades que incrementaban de modo artificial la facturación y generaban un déficit excesivo, según el informe elaborado por el Concello, en el que se detallaba un coste de las horas de limpieza que era más elevado que el que se aplica en el sector e incluso que este servicio se prestaba hasta 350 días al año y durante ocho horas diarias.

De acuerdo con este dictamen, el Gobierno local exigió a Miramar de San Pedro la devolución de 603.090 euros, aunque la empresa recurrió esa decisión ante los tribunales, a los que también llevó la negativa municipal a abonarle la compensación por las pérdidas sufridas durante 2014 y 2015, que suman 393.000 euros, a la espera de que se revisaran las cuentas. Un juzgado de lo Contencioso ordenó al Concello pagar esa cantidad, aunque por el momento solo hizo efectivos 189.000 euros que corresponden al primero de esos ejercicios.