El Cuerpo Nacional de Policía contabilizó en el año 2017 diez casos de víctimas de acoso escolar en la ciudad de A Coruña, mientras que entre enero y septiembre de 2018 fueron once los alumnos afectados por este problema, que pudo producirse por situaciones de intimidación, violencia psíquica o física. Así informó el Gobierno a diputados coruñeses del PP en el Congreso que preguntaron por esta estadística, a la que se suman las 100 llamadas efectuadas en la provincia al servicio de atención telefónica para la denuncia de casos de malos tratos y acoso, que desde el 1 de noviembre de 2016 puso en marcha el Ministerio de Educación a través del número 900 018 018.
A la vista de los datos sobre los casos de víctimas en la ciudad, la directora del instituto Eusebio da Guarda y presidenta de la Asociación de Directivos de Institutos de Galicia (Addiga), Isabel Ruso, advierte de que "habría aclarar qué supone esa victimización", ya que, de acuerdo con los protocolos abiertos en los centros escolares para la investigación de estas conductas, la cifra puede ser mayor. Ruso explica que no tiene constancia de la presentación de denuncias a través del teléfono del ministerio y asegura que en cualquier centro se toma de inmediato la decisión de identificar un posible caso en cuanto se conoce una conducta irregular.
"Partimos de la observación directa en el aula porque tanto el profesorado como especialmente el tutor están sensibilizados sobre el tema", detalla la directora del Eusebio da Guarda, donde se vigila incluso en los recreos porque allí el comportamiento de los alumnos puede ser más abierto. La orientadora del centro también se interesa por saber si algún profesor ha detectado algún caso y se busca la colaboración del alumnado mediante charlas específicas con especialistas o a través del plan Proxecta de la Xunta para predisponerle a que si observa algo que le pueda llamar la atención lo notifique, señala Ruso.
"Algunos lo entienden como la normalidad de su vida personal, lo que es durísimo", comenta la directora sobre los alumnos que padecen acoso, conducta que trata de prevenir en Galicia la Ley de Convivencia y Participación de 2011, a la que desde octubre de 2015 se suma un protocolo de prevención y detección del acoso escolar y el ciberacoso, "que se abre de forma inmediata en cuanto hay la más mínima sospecha", asegura esta docente.
El protocolo de actuación establecido para estos casos se inicia con entrevistas a la presunta víctima, los posibles responsables, testigos y las familias. También se puede solicitar el apoyo del departamento de orientación y de otros profesionales y en el Eusebio da Guarda se nombra además a una persona de apoyo a la víctima y a otra que hace las averiguaciones previas. La información se analiza luego y se adoptan las medidas educativas pertinentes.
"En muchos casos el procedimiento no aprecia la existencia de un caso de acoso, pero sí en una conducta que puede derivar en él", explica Ruso, quien recuerda que para que se considere acoso debe haber intención de hacer daño, una repetición de las conductas agresivas y una duración en el tiempo, ya que "a veces se confunde un rifirrafe con un acoso".
Para la presidenta de Addiga, el problema es que quienes de forma ocasional actúan de forma incorrecta no entiendan que esa conducta puede derivar en un acoso. "Para evitar que exista lo que más nos interesa es formar a los alumnos y las familias", señala, y cuando se produce, en el equipo directivo Eusebio da Guarda se practica la política de puertas abiertas "para que cualquier alumno pueda tener acceso inmediato a nosotros y que un niño se decida a denunciar, ya que el muro más alto que tenemos que derribar es el miedo a hacerlo.
