02 de febrero de 2019
02.02.2019
La Opinión de A Coruña
Un problema histórico que se acerca a su final

El Concello abre la puerta a que responsables del edificio Fenosa paguen la compensación

El TSXG decide este jueves si homologa el acuerdo entre el Ayuntamiento, los dueños y el demandante, las arcas municipales sufragarán el coste "en un primer momento", pero intentarán recuperarlo

02.02.2019 | 00:35
La antigua sede del edificio Fenosa, en la calle Fernando Macías.

El Concello se hará cargo del pago de la indemnización que le corresponde al denunciante de las irregularidades cometidas en la que fue sede de Unión Fenosa, en un "primer momento", según explicó ayer, el alcalde, Xulio Ferreiro, pero después, tendrá en cuenta "todas las herramientas legales para que el Concello, en su caso, se pueda ver resarcido total o parcialmente".

Lo hará si la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), reunida en pleno el próximo jueves, decide homologar el preacuerdo al que llegaron el Concello, los propietarios y el denunciante para el cumplimiento de la sentencia de derribo.

El Concello abre la puerta a pedir responsabilidades patrimoniales a los cargos políticos que aprobaron la licencia que, el TSXG anuló en 2001 y cuya ilegalidad fue ratificada por el Supremo en 2006. Para entonces, el alcalde de la ciudad era Francisco Vázquez y el concejal de Urbanismo, Salvador Fernández Moreda. Las obras las realizó la constructora Fadesa.

Hace ya trece años que el Supremo dictó que el edificio de la calle Fernando Macías tenía que volver al estado en el que estaba antes de ser reformado de manera ilegal en 1997. El Concello intentó ejecutar la sentencia con proyectos de obras parciales, al entender que era la solución que menos afectaba tanto al edificio como a las arcas municipales. Esas propuestas, sin embargo, no fueron aceptadas y las partes agotaron la vía judicial.

A petición del Ayuntamiento, el TSXG propuso a propietarios, denunciante y Concello que llegasen a un acuerdo para el cumplimiento de la sentencia por la vía de la mediación, una idea que fue aceptada en octubre del año pasado y que lideró el que fuera presidente del Supremo, de Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala. El proceso finalizó con un acuerdo del que las partes no van a contar nada más que lo que hizo público el Concello el jueves por la tarde.

El denunciante recibirá una compensación, el Ayuntamiento reconoce la responsabilidad de la Corporación municipal que otorgó la licencia en 1997 de manera ilegal para la reforma del inmueble; se compromete además, con la redacción de un protocolo de buenas prácticas en urbanismo a que un caso como este -que lleva más de veinte años de recorrido judicial- no se repetirá y construirá un edificio de, al menos, medio centenar de viviendas protegidas en el ofimático.

Esta medida, según explicó ayer el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, entra dentro de la compensación del denunciante -por lo que también podría ser reclamada posteriormente a los responsables de la concesión de la licencia, en caso de que este acuerdo tenga validez legal-.

Esto no quiere decir que el demandante, Valentín Souto, vaya a ser su propietario, ya que el edificio será municipal, sino que "rebajó" sus expectativas de compensación a cambio de que el Concello cuente con un inmueble de viviendas sociales. Varela no aclaró ayer si Souto, arquitecto, tendrá un papel protagonista en la ejecución de este edificio, como ser su diseñador. En el adelanto del texto del preacuerdo no se hace referencia a la ejecución de obras en el edificio, por lo que podría quedarse tal y como está actualmente.

Ferreiro aclaró ayer que, si el Superior ratifica este texto, que es más amplio de lo que se ha dado a conocer, ya que está regido por un principio de confidencialidad entre las partes, la sentencia se daría por cumplida, por lo que el derribo del inmueble quedaría ya en el olvido.

El Concello se compromete también a iniciar el proceso de darle protección al inmueble como edificio singular, aunque para ello es necesario el visto bueno del pleno. "Si esto se homologa supone un acuerdo muy importante para todos, ya que se ejecuta la sentencia a través de un equivalente y no de la demolición", señaló ayer Ferreiro.

Sobre el preacuerdo, el PP ha dicho que siempre ha "defendido la necesidad de encontrar alternativas al derribo" ya que considera que los vecinos no deberían "pagar los platos rotos" haciéndose cargo de "una indemnización millonaria con sus impuestos". El PSOE considera que el acuerdo adoptado es "positivo" porque "minimiza las consecuencias para la ciudadanía". El BNG aseguró ayer que no se manifestará hasta que el acuerdo sea homologado por el Superior.

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