Más de veinte años de pleitos, de idas y venidas a los juzgados, de esperar resoluciones y de tener, sobre la mesa, la demolición de la que fue sede de Fenosa, en la calle Fernando Macías, pueden acabar el próximo jueves. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), reunido en pleno, decidirá si la propuesta de acuerdo que alcanzaron propietarios, Concello y denunciante es válida para dar por ejecutada la sentencia que pesa sobre el inmueble desde 2001.

Según lo que ha trascendido del acuerdo -que contó con la mediación del expresidente del Supremo y del Constitucional el jurista Pascual Salas- el edificio no sufriría obras; al denunciante se le daría una indemnización -previsiblemente millonaria- y el Concello construiría un edificio de medio centenar de viviendas sociales en el ofimático, que formarían parte de la compensación del denunciante, Valentín Souto, aunque el inmueble sería municipal. El Concello se compromete, según este acuerdo, a intentar dar protección al edificio y a suscribir un protocolo de buenas prácticas para que no se vuelva a repetir un caso como este.

¿Cómo empezó todo? El número 2 de la calle Fernando Macías se construyó en 1961, como un edificio racionalista para acoger las oficinas de Fenosa. En 1997, después de que la empresa se fusionase con Unión Eléctrica y decidiese que su sede estaría en Madrid, la eléctrica -mediante una firma que dependía de ella, pero que se encargaba de gestionar patrimonio- sacó a concurso la reforma del inmueble para convertirlo en un edificio de viviendas y de locales comerciales. A este concurso se presentó el arquitecto Valentín Souto con su mujer, Margarita Blázquez, ya que había sido de los doce profesionales invitados por la convocante.

Poco después, también en 1997, Fenosa vendió su sede a la constructora Fadesa -propiedad de Manuel Jove en los años setenta- por 2.250 millones de pesetas (13,5 millones de euros) y obvió el concurso realizado. Fue entonces cuando Souto denunció, ya antes de que se hiciesen obras en el edificio, que la licencia no se había concedido legalmente, porque para ejecutar las reformas era necesario un estudio de detalle que no se realizó, por lo que incumplía el plan general de 1985, que estaba vigente en ese momento.

Para entonces, el alcalde era Francisco Vázquez, y el concejal de Urbanismo, Salvador Fernández Moreda. El regidor municipal, Xulio Ferreiro, advirtió esta semana, que, si bien en un primer momento, la compensación la asumirá el Concello -siempre y cuando el acuerdo sea ratificado por el Superior- tendrá en cuenta todas las herramientas legales a su alcance para que las arcas municipales recuperen total o parcialmente la cantidad abonada por este fin. Esto implica que podría pedir responsabilidades a los políticos que, en aquel momento, otorgaron la licencia de rehabilitación.

En 2001, el Superior ordenó demoler las obras realizadas y, cinco años después, también el Supremo se puso de lado de los denunciantes. La empresa adujo desde el principio que el plan iba a ser modificado, por lo que no necesitaba hacer el estudio. El Concello, para entonces todavía con mayoría absoluta del PSOE, interpuso recursos para intentar evitar la ejecución del fallo. Tras el cambio de gobierno en María Pita, con el PP con mayoría absoluta, el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, siguió con la misma línea marcada por ejecutivos anteriores, aunque intentó argumentarlo con criterios técnicos. Alegó que no se podían derribar solo los añadidos de los años noventa. Para ello, se centró en un informe del arquitecto Carlos Trabazo Molíns, que había trabajado en Fadesa anteriormente.

Este argumento tampoco fue validado por los tribunales, de modo que, el mismo arquitecto -contratado por el PP- entregó en octubre de 2015, ya con Marea Atlántica en María Pita, otro informe en el que decía que sí era posible hacer lo que, meses antes, consideraba imposible técnicamente.

Los tribunales tampoco aceptaron esta propuesta, por lo que la sentencia tenía que ser ejecutada. En octubre del año pasado, el Concello propuso que las partes participasen en un proceso de mediación para intentar dar cumplimiento al fallo sin que eso supusiese un agravio para las arcas municipales, ya que el derribo y las indemnizaciones suponían un desembolso de, aproximadamente, 60 millones de euros.

El Superior avaló esta medida y las partes acordaron nombrar al jurista Pascual Sala, como mediador. El bufete de abogados Roca Junyent, que llevó la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos, fichó a Salas como socio consultor durante el proceso.

Manuel Jove, propietario de Fadesa

Manuel Jove fundó Fadesa en los 70. Se especializó en vivienda protegida y en la construcción de hoteles. En 2006, la inmobiliaria Martinsa se ofreció a comprar Fadesa por 4.045 millones de euros. La fusión de ambas empresas, en 2008, declaró la mayor suspensión de pagos de la historia de España.

Salvador Fernández Moreda, edil de Urbanismo (PSOE)

En 1997, cuando el edificio que fue sede de Fenosa recibió la licencia para convertirse en un inmueble de viviendas y locales comerciales, María Pita estaba gobernada por el PSOE con mayoría absoluta. El alcalde era Francisco Vázquez y el concejal de Urbanismo, Salvador Fernández Moreda.

Valentín Souto, arquitecto y denunciante

Denunció porque, tras haber hecho un trabajo que, finalmente, no fue tenido en cuenta, apreció anomalías en la concesión de la licencia de reforma y también porque consideraba que los añadidos realizados al edificio lo convirtieron en una obra que ha perdido toda su esencia racionalista.

Carlos Trabazo, arquitecto

Carlos Trabazo, ya con el PP en María Pita, escribió dos informes, uno que decía que era técnicamente imposible que el edificio retornase a su aspecto original y otro, ya entregado a Marea Atlántica, en el que decía que sí se podía y que, aunque era una obra compleja, ni siquiera habría que desalojar todo el edificio.

Martín Fernández Prado, edil de Urbanismo (PP)

El concejal de Urbanismo con el PP, Martín Fernández Prado, encargó a Trabazo informes para saber si era posible ejecutar la sentencia de derribo. Durante los cuatro años de gobierno del PP, el Concello se llevó las negativas de los tribunales, por lo que el proceso no llegó a su fin.

Xiao Varela, edil de Urbanismo (Marea)

La sentencia era firme, por lo que había que ejecutarla. El Gobierno local de Marea Atlántica solicitó una alternativa al derribo de los elementos añadidos en la reforma, para ello, propuso la mediación como recurso para compensar a las partes que, finalmente, llegaron a un preacuerdo.

Pascual Sala, mediador en el conflicto

El preacuerdo entre Concello, propietarios y denunciante, que todavía tiene que ser ratificado por el Superior, tiene como protagonista al jurista Pascual Sala, que fue el mediador que llevó las negociaciones para la ejecución de la sentencia. Los detalles del preacuerdo son secretos.