El alcalde, Xulio Ferreiro, avanzó ayer que el Concello iniciará una investigación para aclarar las responsabilidades de la concesión de la licencia de reforma de la antigua sede de Fenosa en la ciudad, concedida por el Gobierno local de Francisco Vázquez en 1997, cuando el concejal de Urbanismo era Salvador Fernández Moreda. Lo hizo tan solo un día después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hubiese homologado el acuerdo al que llegaron las partes afectadas a través de la mediación -el Concello, el denunciante y los propietarios de las viviendas- tras más de veinte años de litigio.

Esta investigación se enmarca dentro del acuerdo, que obliga a la confección de un protocolo de buenas prácticas urbanísticas para que no se repita una situación similar. "La intención del Concello, dentro de este protocolo es investigar las responsabilidades que pudiesen existir tanto en la concesión de la licencia de rehabilitación como en las acciones posteriores", comentó.

Ferreiro indicó ayer que la investigación, por ahora, será interna, que la harán funcionarios del Concello y que, en ningún caso, se darán instrucciones políticas sobre cómo realizarla ni tampoco se les dirá de antemano qué nombres han de investigar. A preguntas de este diario, el alcalde ya había aclarado la semana pasada que, si bien la ejecución de la sentencia recae en el Concello "en un primer momento", la Administración local puede pedir responsabilidades más tarde para intentar recuperar una parte o todo el dinero invertido en el proceso.

"Ni la ciudad ni el Concello tienen por qué asumir que no haya personas con nombres y apellidos que sean responsables de esta situación, la de un despropósito urbanístico que la ciudad arrastró durante más de veinte años. Por eso, tenemos la determinación de iniciar un procedimiento de investigación, con todas las dificultades, no obstante, que pueda haber, dado el tiempo que ha pasado", explicó ayer Ferreiro. Sobre la investigación, fuentes del partido socialista aseguraron que no se van a manifestar, ya que consideran que es lo que se debe hacer tras una sentencia así.

La licencia de reforma para convertir un edificio de oficinas en uno residencial fue declarada ilegal en 2001 por el Tribunal Superior, ratificado en 2006 por el Tribunal Supremo. El fallo, y todos los pronunciamientos judiciales posteriores, obligó a demoler las partes que se habían realizado al margen de la normativa vigente en ese momento. El Concello, con el PP en María Pita, aseguró que técnicamente no se podía cumplir la sentencia aunque, meses después, el mismo arquitecto dijo que sí se podría hacer. Para entonces, ya estaba Marea Atlántica en el Ayuntamiento.

Ferreiro animó ayer al PSOE a dar su visto bueno al presupuesto de 2019 en el pleno del próximo lunes, ya que, de ese modo, el Concello contaría con una partida específica para cumplir con los términos del acuerdo. Entre ellos, figura el pago de una indemnización de 2,9 millones de euros al denunciante, el arquitecto Valentín Souto, veinte veces menos de los 60 millones que le costaría al Ayuntamiento derribar y reconstruir el edificio. El demandante se había presentado al concurso convocado por Fenosa para la remodelación del edificio y, poco tiempo después, se enteró de que el edificio había sido vendido a Fadesa y que las obras planeadas incumplían con los requisitos necesarios para realizarlas legalmente.

Ferreiro aclaró que, de no contar con el sí de los socialistas a las nuevas cuentas, el cumplimiento de la sentencia, que ha de hacerse en un plazo de tres meses, se complicaría, ya que tendría que hacerse a través de modificaciones del presupuesto prorrogado y habría que buscar las partidas de las que se podría retraer la cantidad necesaria. "Todos tenemos que contribuir a poner punto final a este asunto", dijo Ferreiro en clara referencia al PSOE, ya que fue durante uno de sus mandatos en María Pita cuando se concedió la licencia.

La portavoz socialista, Yoya Neira, defiende la negativa de su partido a las cuentas que presentará Marea Atlántica y asegura que contará con su aprobación para realizar cambios en el presupuesto prorrogado que permitan ejecutar proyectos consensuados, como pagar las subvenciones a las entidades sociales o la piscina de O Castrillón. "El trámite para aprobar el presupuesto es el mismo que para aprobar una modificación de crédito: llevarlo a pleno. La diferencia es que Marea insiste en llevar a pleno un presupuesto que no cuenta con la aprobación de ninguno de los grupos de la oposición, mientras se empeña en no tramitar un modificativo con el que ya sabe que contaría con nuestro voto favorable", dijo.

En la comisión de Facenda de esta semana, el Gobierno local alertó de que, antes de aprobar las modificaciones necesarias para empezar a hacer obras, habría que buscar encaje a diez millones de euros, que es la cifra de gastos ya comprometidos, como las actualizaciones salariales, las cotizaciones por las jubilaciones en la Policía Local y también la indemnización al denunciante de la antigua sede de Fenosa.

El acuerdo intrajudicial incluye también la construcción, a propuesta del demandante, de un edificio de 50 viviendas en el parque ofimático que serán de titularidad municipal y cuyo proyecto comenzará a gestarse en los tres meses de cumplimiento de la sentencia, que empezarán a contar una vez que se publique el auto. El Concello iniciará el proceso para legalizar el inmueble declarándolo edificio singular.