La Audiencia Provincial juzgará la próxima semana a cinco personas como presuntos autores de un delito de estafa por el que se enfrentan a una condena de cuatro años de cárcel. La víctima fue una entidad bancaria de la que obtuvieron 368.456 euros mediante la domiciliación de los recibos emitidos por la empresa C. Gestión para el cobro de supuestos servicios a sus clientes, quienes en realidad eran conocidos de los responsables de la firma.
El informe fiscal detalla que los acusados pretendían obtener un enriquecimiento injusto y que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un sistema fraudulento que comenzaba con la emisión de los recibos contra las cuentas bancarias de varias empresas, de las que eran titulares cuatro de los encausados.
Pero esas cuentas carecían de fondos para abonar los recibos, de forma que para hacerles frente y generar una "apariencia de solvencia inexistente" esas empresas giraban a su vez recibos falsos contra C. Gestión, lo que hizo creer al banco que tenían liquidez.
La petición de la Fiscalía reclama la devolución de la cantidad supuestamente defraudada a la entidad financiera, así como la imposición a los cinco acusados de una multa de 3.000 euros y que sus empresas sean consideradas responsables subsidiarias a efectos de la indemnización que deberá abonarse al banco.
