El Ayuntamiento tramitó en 2018 un total de 111 expedientes de denuncia relativos a la ley de bienestar animal, que entró en vigor en enero del año pasado. Es el doble de las registradas en 2017, cuando la cifra fue de 51. Unos trámites de los que ahora debe hacerse cargo la Xunta aunque el Concello apunta que todavía no ha recibido respuesta por parte de la Administración autonómica.
Del total de los expedientes, 31 fueron por infracciones leves, como la exhibición de animales en escaparates, y 80, es decir, un 72%, fueron graves o muy graves, la mayor parte de estas relacionadas con perros potencialmente peligrosos y abandono de mascotas.
Con esta ley, el Concello no solo ha reforzado su control sobre los casos de maltrato animal sino que también deberá ampliar el gasto en la perrera para hacer frente a las exigencias, que obligan a tener más terreno y más personal. Fuentes municipales instan a la Xunta a que "dote a las Administraciones locales con fondos suficientes" para encargarse de estos asuntos. La Consellería de Medio Ambiente explica que, aunque es competencia local "recoger animales domésticos vagabundos o extraviados y albergarlos en centros de acogida", en los últimos tres años la Xunta "ha reservado una partida específica" en su presupuesto para ayudar a las entidades locales en su labor. En 2019 este gasto fue de 125.000 euros, dedicados a subvencionar la esterilización y la identificación de animales.
Además de los expedientes de denuncia, el Gobierno local abrió 31 avisos previos por falta de microchip o molestias a los vecinos. Veintiséis de estas incidencias se resolvieron sin que fuese necesario continuar el curso de la infracción ante la Consellería de Medio Ambiente. Los otros cinco avisos sí que fueron remitidos a la Xunta.
La asociación animalista Libera denuncia también la presencia ilegal de perros encadenados en A Coruña y Betanzos, a pesar de que la ley de bienestar animal prohibe esta práctica que puede ser castigada con hasta 5.000 euros de multa.
