El Gobierno local ha iniciado el proceso de investigación por el que exigirá responsabilidades a funcionarios y autoridades por la concesión de la licencia de rehabilitación ilegal que en 1997, en el mandato de Francisco Vázquez, autorizó la reforma de la antigua sede de Fenosa en la calle Fernando Macías, cuyo largo proceso en los tribunales finalizó el mes pasado después de una mediación intrajudicial. El primer paso que ha dado la administración local es la apertura de las diligencias informativas previas de la investigación, tras haber nombrado a un funcionario instructor con formación jurídica que realizará el proceso junto al director del área de Rexeneración Urbana.
El Concello prevé acudir a la Justicia para reclamar las responsabilidades que se diluciden, confirmó ayer el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela. De momento, el Gobierno local inicia el proceso para determinarlas, de acuerdo con la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público y según establece el protocolo de buenas prácticas urbanísticas que asume la administración tras la mediación que evitó el derribo del inmueble para devolverlo a la legalidad, a lo que obligaba la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2001 que ratificó el Tribunal Supremo en 2006.
Para exigir de oficio y por vía administrativa esas responsabilidades de cargos y empleados municipales por haber incurrido en dolo, culpa o negligencia graves, el Gobierno local tendrá que esperar a que se le abone al denunciante de las ilegalidades la indemnización por daños personales de índole moral que incluye la renuncia a presentar más acciones judiciales:2,97 millones de euros que el Ejecutivo ha incluido en la modificación del presupuesto prorrogado de este año que fue aprobada en el pleno de esta semana.
El concejal de Rexeneración Urbana recalcó que la petición de responsabilidades no responde a un criterio político, sino jurídico, al estar recogida en el protocolo que forma parte del acuerdo de mediación validado posteriormente por el TSXG. Varela no quiso adelantarse al desarrollo del proceso para señalar si las responsabilidades exigidas serían penales, políticas o técnicas, y manifestó la previsión de que la compensación económica al demandante sea abonada antes de las elecciones municipales de mayo. También antes de esa fecha se solicitarían responsabilidades.
Varela informó ayer de los compromisos recogidos en el acuerdo de la mediación entre el Concello, el denunciante de las irregularidades y la comunidad de propietarios del edificio Fenosa por el que se cumple la sentencia mediante la sustitución de la ejecución in natura que obligaba a la demolición del inmueble reformado ilegalmente, que, según el concejal, habría supuesto un perjuicio al Ayuntamiento de unos 60 millones de euros. El responsable de Rexeneración Urbana también reconoció públicamente las "graves consecuencias" para los propietarios y para el denunciante que se derivan de la actuación del Ayuntamiento por la concesión de la licencia irregular de rehabilitación cuando Vázquez era alcalde.
El Concello se compromete a modificar el plan general para incluir el edificio Fenosa como inmueble singular, un proceso que ya está en fase de estudio, comentó Varela. También construirá un bloque de entre 50 y 60 viviendas en un solar municipal del parque ofimático cuya obra se licitará en un concurso público.
La compensación por perjuicios a los propietarios del edificio se regirá por medio de unas bases a las que los afectados podrán inscribirse si renuncian a reclamaciones por vía judicial, y que recogen cuantías de 12.000 euros si se trata de primeras viviendas y de 9.000 si son segundas residencias. El acuerdo incluye la indemnización al denunciante de la licencia otorgada; los 2,9 millones son el resultado de una cesión en sus pretensiones tanto del demandante como del Concello, que, según Varela, proponía una cantidad "mucho menor". "El mediador equilibró las posturas", dijo.
El Ayuntamiento asume un protocolo de buenas prácticas urbanísticas con el fin de "garantizar el acierto de las decisiones administrativas, proteger a terceros de buena fe y dilucidar responsabilidades mediante procedimientos legalmente establecidos".
