El cambio del presupuesto en 14 millones de euros, aprobado de manera inicial el pasado 11 de marzo con los votos de Marea Atlántica y PSOE, ha recibido, en el plazo de exposición pública, varias alegaciones de expropiados de castro de Elviña y una de la concejala del BNG, Avia Veira. Los particulares pretenden que el Concello incluya en las cuentas de este año los 14,5 millones de euros que el Tribunal Supremo ha concluido que les debe por la diferencia en el valor inicial de los terrenos, por los que el Ayuntamiento les entregó doce euros por metro cuadrado, y los 50 euros que fijó una comisión de valoración, así como los intereses por los años transcurridos hasta ahora.
Tanto el PP como el BNG se abstuvieron en la votación plenaria y ahora los populares tampoco han presentado ninguna reclamación al documento financiero alegando que prefieren "no retrasar más" la firma de los convenios con entidades sociales de la ciudad. Por el contrario, la edil nacionalista ha propuesto tres cambios. El primero sería retirar un millón de euros de publicidad o estudios técnicos para invertirlo en el centro García Sabell, con el objetivo de que se instalen allí entidades sociosanitarias; el segundo, añadir 200.000 euros para comedores escolares; y el tercero, incluir 50.000 euros para arreglar el polideportivo de Cocheras que, alega, tiene graves problemas de goteras en su interior.
Al haberse presentado alegaciones, la modificación en el presupuesto, prorrogado de 2018, deberá pasar por comisión municipal y ratificarse en un pleno. De no existir ninguna reclamación, el documento financiero entraría en vigor de manera automática.
La sentencia, a Junta de Gobierno
Justamente la Junta de Gobierno Local de hoy tomará conocimiento de la decisión del Supremo sobre las expropiaciones del castro, en la que no se admite a trámite el recurso presentado por el Concello y se ratifica la sentencia del Superior.
La reunión del Gobierno local también analizará el informe de actividad urbanística de la Concejalía de Rexeneración Urbana entre el 20 de marzo y el 1 de abril, en el que se tramitaron 225 expedientes, de los que 19 fueron licencias urbanísticas. El departamento autorizó 136 obras a través del trámite de comunicación previa y 48 inicios de actividad de ese mismo modo, así como declaró la caducidad de tres licencias.
Además, la junta también acordará desestimar el recurso presentado por el Colegio Calasanz ante el rechazo del Concello del estudio de detalle que entregó el centro educativo en octubre de 2017. La dirección pretendía cubrir una pista polideportiva pero los técnicos municipales alegan que el plan general no permite este tipo de obra.
