El Ministerio de Hacienda prevé que hasta el verano no salga de Madrid la petición del Estado para que la Comisión Europea le permita utilizar para el dragado de la ría de O Burgo los fondos que se iban a destinar a la construcción de la depuradora de Santiago. Fuentes del ministerio indicaron ayer a este diario que la fecha en la que culminará el proceso no se puede precisar todavía, aunque prevé que faltan varios meses.

El 15 de abril, el Ministerio de Transición Ecológica envió a Hacienda un informe elaborado en contacto con la Comisión Europea para solicitar que cambien de destino 24 millones de euros para cofinanciar el saneamiento del estuario. Hacienda explica que, en este documento, Transición Ecológica pide una partida del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Plurirregional de España 2014-2020 (POPE), que es al que se había acogido Santiago para hacer su depuradora pero que, finalmente, no podrá ser utilizado en este fin, ya que carece de un proyecto que se pueda ejecutar en los plazos que marca el programa de financiación.

Para ello, según explican fuentes de Hacienda, tendrán que modificarse algunos documentos, para que esta actuación encaje en los objetivos del programa europeo y esos cambios tendrán que ser aprobados por el comité de seguimiento del POPE, que está fijada para finales de junio.

Después, la documentación tendrá que ir a la Comisión Europea y someterse a los comités de monitorización, que, según fuentes de Bruselas se reúnen una vez al año, aunque la petición podría hacerse por escrito. Una vez recibida la documentación, los comités "tienen un mes para hacer observaciones y tres meses para adoptar el programa operacional modificado", según informaron fuentes de la Unión Europea.

La idea de solicitar financiación a Europa para el saneamiento de la ría de O Burgo fue presentada por el director general de Medio Ambiente, Hugo Morán, en enero, para entonces, aseguró que la petición se cursaría de manera "inmediata" y que los trabajos podrían salir a concurso entre los meses de "marzo y julio" en un solo bloque.

Estos plazos no se cumplirán, ya que la petición no saldrá de Madrid hasta, por lo menos, finales de junio, siempre y cuando el resultado de las elecciones generales que se celebran mañana no interfieran en la tramitación de la petición. Habrá también elecciones europeas el 26 de mayo.

El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución de unos 48 millones de euros, para los que el Estado había consignado la mitad en su borrador de presupuestos de 2019, que fue rechazado. En enero, Morán aseguró que la obra se licitaría en cuanto tuviese financiación y preveía que la empresa adjudicataria bajaría los plazos de ejecución de 23 a 18 para que los fondos europeos se pudiesen justificar en 2021.

El tiempo corre también en contra de la ría, ya que la Declaración de Impacto Ambiental que tiene aprobada desde septiembre de 2017 tiene una vigencia de cinco años.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, llevó en enero otra vez, cinco años después de la visita de sus compañeros al estuario, el problema del saneamiento de la ría a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.