Un recurso judicial contra la demolición de las obras de reforma iniciadas hace veinte años en dos edificios de la calle Príncipe, en la Ciudad Vieja, paraliza el derribo al que obliga una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del año pasado. El recurso, que está en tramitación en un juzgado, ha sido interpuesto por uno de los acreedores hipotecarios de los inmuebles, según informan fuentes municipales. La Xunta, que de acuerdo con el fallo del Superior debía imponer una sanción a la promotora de la reforma, evita aclarar en qué situación se encuentra el expediente de la demolición.
La obligación de devolver los edificios al estadio previo a las obras "se mantiene", indican las fuentes municipales, aunque la apertura de un nuevo litigio deja en suspenso la ejecución de la sentencia del Superior. La responsabilidad de la demolición afecta por tanto a los acreedores de los inmuebles, que son una constructora y un fondo de inversión.
La sentencia de derribo que pesa sobre los números 6 y 8 de la calle Príncipe es consecuencia de un recurso contencioso-administrativo promovido contra la Xunta y contra la constructora IDIA por la comunidad de propietarios del edificio del número 2 de la calle Santo Domingo, perpendicular a la calle Príncipe, que el TSXG estimó parcialmente. Los vecinos de este inmueble recurrieron a los tribunales tras oponerse a la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio que declaraba que durante las obras no se habían producido daños arqueológicos, pero sí arquitectónicos, en los restos de una muralla medieval aparecida al comienzo de los trabajos ni infracciones ni responsabilidades administrativas por la presunta realización de actuaciones no recogidas en los proyectos de edificación y rehabilitación. Un año antes del dictamen del Superior, el Ayuntamiento había decretado una orden para derribar las obras y restituir el "estado primigenio" de los edificios.
Conflicto por las vistas
El conflicto judicial tiene su origen en el enfrentamiento entre el arquitecto promotor de la reforma, Santiago Torres, con los propietarios del número 2 de Santo Domingo, entre ellos vecinos relevantes como el director de la Cámara de Comercio. Estos presentaron a lo largo de dos décadas denuncias, recursos y diligencias judiciales, la mayoría desestimadas, por unos trabajos arquitectónicos que les privaban de vistas al puerto coruñés. La aparición de vestigios de la muralla medieval y la realización de obras no ajustadas a la legalidad, de las que unas subsanaron y otras no, acentuaron la pugna judicial entre las dos partes, lo que motivó el retraso de las obras y el mantenimiento de una valla durante muchos años en la entrada a los edificios de la calle Príncipe.
El arquitecto admitió el año pasado que acataría la sentencia del Superior, aunque pretendía llevar la causa por vía penal a la Fiscalía. Este periódico intentó contactar ayer con él sin éxito.
La Xunta, también en el año 2018, informó de que preveía multar al promotor de la reforma, según dictaba el fallo del TSXG, y rechazaba presentar recurso de casación. Pero Patrimonio no señaló ayer si ya ha impuesto la sanción o ha optado por otra medida.
