Los juzgados avalan, en primera instancia, el macroconcurso interno de traslados que el Gobierno local ha puesto en marcha por primera vez en diez años y que afecta a casi medio millar de personas de la plantilla municipal. Una sentencia falla en contra de un recurso de la CIG, que pidió la anulación del proceso convocado en dos fases, una para los puestos inferiores y otra para los superiores, porque no abarcaba todas las comisiones de servicio en vigor, muchas declaradas ilegales por los juzgados, por superar los dos años máximos que pueden prolongarse.
El sindicato nacionalista, que reprochó que se fragmentase en dos fases el concurso, reclamaba que se declararse nulo y se frenase la celebración del proceso, cuya primera fase está a punto de resolverse, para que se ofrezcan todas las vacantes que están cubiertas en comisión de servicios en las que "no existe justificación objetiva y razonable".
La central consideraba además irregulares dos bases del concurso, referidas a la valoración del cargo y a las titulaciones de los funcionarios. Los letrados municipales replicaron, en primer lugar, que las comisiones no convocadas lo fueron por razones justificadas, y que la normativa no impone nada al respecto de las valoraciones que se cuestionan.
La sentencia, que se puede recurrir y que impone costas al sindicato por 400 euros, da por acreditadas las razones del Concello, que argumentó que esas plazas no se convocaron porque estaban vacantes pero no presupuestadas, no se encontraban ocupadas o estaban en régimen de adscripción provisional por motivos de salud.
Por lo tanto, aunque la normativa obliga a sacarlas en el concurso de traslados más próximo, el juez acepta que no se hayan incluido en la macro convocatoria, al igual que otras dos pertenecientes a la escala de Administración especial y otras tres propiedad de funcionarios en comisión de servicios en otros puestos.
El Gobierno de Marea Atlántica había defendido públicamente que las bases habían sido negociadas con los sindicatos y que fueron aprobadas por todos a exepción de la CIG y justificó que lo dividía en dos fases dado que es tal el volumen de afectados que un cambio masivo de puestos podría perjudicar al normal funcionamiento del engranaje municipal.
El asunto que acaba de fallar el Contencioso es una de las ramas judiciales iniciadas por la CIG respecto a la política de personal y la proliferación de las comisiones de servicio en el Concello. La CIG llevó a los juzgados el pasado año una situación perpetuada desde 2010 en la plantilla municipal. Pasada una década desde el último concurso interno para la provisión de puestos de trabajos, más de 150 trabajadores permanecían en comisiones y adscripciones provisionales más allá de los dos años legales.
Un juez anuló el pasado noviembre estos nombramientos. Ordenaba también su cese "inmediato", esto es, el regreso a los puestos en propiedad de los funcionarios, lo que afectaría en cascada a los interinos que los sustituyen. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a petición del Concello, frenó esta orden del Contencioso al considerarla "desproporcionada", para aceptar la intención del la concejalía de Personal de corregir la situación irregular a través del concurso, lo que evitó que un 10% de la plantilla volviese a sus plazas de origen.
